Aquel estallido económico, social y político evidenció el agotamiento de un modelo económico rentista que tenía como eje la valorización financiera antes que la valorización del trabajo como elemento dinamizador de la economía. Emergió entonces un escenario de disputas de intereses y modelos económicos y sociales.
Néstor Kirchner, a través de una firme decisión política planteó el reemplazo del modelo vigente – Régimen de Valorización Financiera- caracterizado por la concentración de los procesos financieros y creciente mercantilización de la vida social por un nuevo modelo de desarrollo basado en la redistribución del ingreso y la inclusión de los sectores populares a través del trabajo – Régimen de Acumulación Productiva-.
Ante la evidente necesidad de transformar el rol del Estado y constituirlo como actor central de los delineamientos de política económica y de la definición de una nueva cuestión social, el Régimen de Acumulación Productiva instaurado en 2003 por Néstor Kirchner retomó las banderas que a mediados del Siglo XX promoviera el presidente Juan Domingo Perón, quien logró articular en un proyecto nacional a los sectores populares urbanos y la burguesía industrial emergente, sosteniendo la importancia del trabajo como medida de valor de la dignidad humana y de la justicia social.
Un componente esencial del nuevo modelo de desarrollo iniciado en 2003 y continuado por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, vino dado por la promoción de la economía social a través de la formación de cooperativas y mutuales con diversos fines (100trabajo, crédito, actividad agropecuaria, servicios, etc.), entendiendo su potencialidad para reactivar relaciones económicas en un marco de fuerte retroceso de las actividades productivas y persiguiendo el incremento del empleo registrado, la inclusión social y las mejoras en las condiciones de vida no sólo de sus integrantes sino también de la población en general.
Sin dudas, este proyecto nacional otorgó un fuerte impulso al sector de la economía social y este se ve reflejado no sólo en la creciente importancia del sector en la actividad económica nacional sino también en la composición de una agenda social que da cuenta de la resignificación de los valores peronistas.
Es claro el interés y la decisión tomada por el gobierno nacional desde 2003 al promover un nuevo paradigma de política económica y social y nuevas relaciones económicas basadas en el crecimiento y la distribución equitativa de los beneficios, sumando la solidaridad como componente que resultaba vital en ese contexto emergente.
Sin dudas, el escenario que se presenta hoy a través de estas relaciones económicas y sociales alternativas interpela a la política para seguir profundizando un modelo con equidad, justicia social y solidaridad.
Maira Bernis
