por Roberto Arias*
y David Chagoya**
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La lucha contra la desigualdad en los ingresos debe ser prioridad política por razones económicas, sociales e incluso éticas. Sin embargo, el tema ha sido objeto de acalorados debates en el ámbito académico por cuestiones que van desde cómo medirla hasta si realmente es deseable combatirla. Y aunque para muchos es de sentido común que los gobiernos nacionales apliquen políticas orientadas a combatir este flagelo, la realidad es que el ala derecha del espectro ideológico pone en tela de juicio la idoneidad de las medidas aplicadas y también cuestiona si la reducción de la desigualdad es un fin válido para las políticas públicas. |
La discusión ha sido particularmente aguda en Estados Unidos, donde se ha registrado un drástico aumento en los niveles de desigualdad desde la década de 1970 y particularmente desde la Gran Recesión de 2008, por lo que el presidente Barack Obama se ha lanzado a una cruzada personal para plantear este debate ideológico y lograr que su país vuelva a las épocas doradas de prosperidad compartida de los tiempos del New Deal.
De acuerdo con un estudio publicado a finales del año pasado1, el ingreso del 1% de la población más rica de Estados Unidos creció 31,4% de 2009 a 2012, mientras que el ingreso del 99% restante solo aumentó 0,4%. En otras palabras, el 1% de la población que más gana se quedó con 95% del aumento que se registró en los ingresos durante los primeros tres años después de la crisis.
En 2012, el ingreso del decil superior representó 50,4% del total, el más alto desde 1917. No obstante, la mayoría de las fluctuaciones en el ingreso del 10% de la población más rica se debe a cambios dentro del máximo percentil superior, evidenciando que los que están hasta arriba en la pirámide de la distribución del ingreso juegan un papel central en la evolución de la desigualdad en Estados Unidos (100ver gráficos 1 y 2).
Las implicaciones de esta enorme concentración de riqueza pueden observarse en la tabla 1. Entre 1993 y 2012, por ejemplo, el ingreso promedio real familiar solo creció 17,9% en este periodo de 19 años (100lo que supone una tasa de crecimiento anual de 0,87%). Pero si excluimos al 1% más rico, el ingreso real promedio del 99% restante de la población solo creció 6,6% de 1993 a 2012 (100una tasa de crecimiento anual de 0,34%). Mientras tanto, el ingreso del 1% más rico aumentó 86,1% en este periodo (100a una tasa anual de 3,3%). Es decir que el ingreso del 1% de la gente más rica se quedó con 68% de todo el crecimiento económico registrado en el periodo 1993-2012.
Esta situación fue precisamente el origen de Ocupa Wall Street, un movimiento de protesta que apuntó contra el poder de las empresas financieras y la sistemática evasión fiscal del 1% más rico de aquel país.
Ante esta poderosa evidencia respecto al crecimiento de la desigualdad económica en los Estados Unidos, ha recrudecido el debate acerca de si vale la pena pugnar por el principio de reconocer a todos los ciudadanos capacidad para los mismos derechos y si las acciones para reducir la desigualdad son efectivas. La diferencia de opiniones es notable, sobre todo porque abordar esta cuestión no solo conlleva análisis económicos, sino también una buena dosis de filosofía política.
En un ensayo publicado en 20132, Gregory Mankiw, un prestigioso economista profesor de la Universidad de Harvard, hace una defensa del 1% afirmando que sus desorbitantes ingresos reflejan alta productividad en lugar de imperfecciones del mercado, de tal forma que la desigualdad en la distribución no es un problema per se, sino consecuencia de diferencias entre la oferta y la demanda de trabajadores educados. De este modo, utiliza la tesis de Goldin y Katz3 acerca de que el cambio tecnológico incrementa continuamente la demanda de trabajo calificado, lo que en sí mismo tiende a elevar la brecha en los ingresos entre los trabajadores capacitados y los no capacitados y acelera la desigualdad. “Pareciera que cambios en la tecnología han permitido que un número reducido de individuos altamente educados y excepcionalmente talentosos comanden ingresos de superestrellas que no eran posibles hace una generación”, dice Mankiw.
El punto de vista de Mankiw es consistente con el trabajo de Brynjolfsson y McAfee4, otros investigadores que ya habían planteado antes que con ayuda de las tecnologías digitales, los CEO, los empresarios y los ejecutivos financieros “han podido apalancar sus talentos en todos los mercados globales y hacerse de bonificaciones que hubieran parecido inimaginables en otros tiempos”.
Del otro lado del río, está el pensamiento de economistas como Stiglitz5, quien afirma que el comportamiento rentista del 1% más rico es el principal motor del creciente ingreso de los ricos, y propone la transmisión intergeneracional del ingreso como métrica de igualdad de oportunidades. Dicho de otro modo, para Stiglitz, bajo igualdad de oportunidades los ingresos de una persona no estarían tan correlacionados con los de sus padres, sino que existe la posibilidad de movilidad social ascendente. Para Mankiw, por el contrario, la transmisión intergeneracional de la pobreza tiene causas más allá de la desigualdad de oportunidades, como la genética. En definitiva, no sería posible interpretar la persistencia intergeneracional del ingreso como una simple falla de la sociedad para proveer las mismas oportunidades para todos.
En la misma línea filosófica conservadora también se observan elementos comunes de otros tiempos; por caso, el supuesto de que el gasto gubernamental en programas sociales es ineficiente porque se ha basado en transferencias en efectivo en lugar de gastos en infraestructura, instituciones legales y más y mejores sistemas educativos. Y es precisamente esta creencia la que da cuerpo a la diferencia más importante, al menos en los Estados Unidos, entre la izquierda y la derecha política: cuestiones referentes a si, y en qué grado, la distribución del ingreso y de la riqueza requiere intervención del gobierno.6
El neoliberalismo a todas luces ganó la batalla ideológica desde la década de 1970, enquistando en todo el mundo la doctrina de que el Estado benefactor limita los incentivos privados para el crecimiento, que los países se han vuelto demasiado igualitarios y que la mejor receta para mejorar el crecimiento yace en más desigualdad. Para elevar los incentivos productivos había que desregular el mercado laboral y los mercados financieros, además de achicar la red de protección social, todo con la finalidad de optar por más eficiencia y menos igualdad.
De hecho, Edward Conard, del Instituto American Enterprise para Investigación de Política Pública, sostiene que la desigualdad en Estados Unidos ha sido requisito para promover la innovación y facilitar mercados financieros más grandes y líquidos, por lo que la creciente transferencia de recursos del grueso de la población a los más ricos ha sido la raíz de “lo que salió bien” en las últimas décadas7. Por supuesto, The Wall Street Journal aplaudió esta defensa de la desigualdad y escribió: “Sociedades más igualitarias trabajan menos, invierten menos, crecen más lentamente y finalmente dejan a todos menos ricos”.8
Sin embargo, según Howell9 esta retórica no se ajusta bien a la realidad. Estados Unidos es el país desarrollado más desigual, que registra el primer lugar en las tres medidas de desigualdad más comúnmente utilizadas: 1) participación en el ingreso antes de impuestos del 1% más rico y de la clase media, 2) ingreso disponible después de impuestos de las familias del 90° percentil de la distribución del ingreso en comparación con el ingreso del 10° percentil, y 3) índice de Gini. Pero esto no le ha garantizado el avance en la productividad que, supuestamente, debería acompañar la innovación y calidad educativa que, supuestamente, justifican la extrema concentración de riqueza en su sociedad.
Usando el PIB per cápita y el PIB por hora para medir el crecimiento acumulativo entre 1980 y 2007 en países desarrollados, Estados Unidos nunca fue el de mejor desempeño y, de hecho, estuvo por debajo de Suecia, un país mucho más igualitario. Lo mismo pasa con la productividad estándar e incluso con la productividad mensurable, que ajusta errores involuntarios excluyendo sectores en los que se asume que el valor agregado se mide deficientemente. Así, el crecimiento promedio anual del ingreso medio de las familias estadounidenses ha dependido de aumentos en el número de horas trabajadas, y no tanto de mejoras en la productividad.
Las conclusiones del estudio de Howell son contundentes: en los países desarrollados no hay correspondencia estadística entre el crecimiento en la participación del ingreso del 1% más rico y el crecimiento en la productividad; menos gasto del gobierno como porcentaje del PIB se asocia a mayor desigualdad y mayor desigualdad (100medida por el índice de Gini) se asocia estrechamente con menor movilidad intergeneracional en el ingreso.
La postura del partido conservador, a favor de una mayor desigualdad y en abierta defensa del 1% más rico de la población, parece consistente con un círculo perverso en el cual el dinero modifica la conducta de la gente y consolida su moral hacia actitudes de derecha tendientes a la apología de la desigualdad. En el Reino Unido, por ejemplo, un estudio de principios de este año encontró que luego que una persona se hace rica ganándose la lotería, subsecuentemente aumenta su propensión a cambiar inclinaciones políticas de la izquierda a la derecha, simpatizando con la creencia de que la gente común “ya recibe un porcentaje justo de la riqueza de la sociedad”.10
Una explicación más convincente es que la extrema desigualdad es consecuencia de opciones de política orientadas a soluciones de mercado que alejaron a los gobiernos de la regulación y redistribución. Se promovieron ajustes de corte neoliberal y se incentivó el crecimiento del sector financiero, la financiación de firmas no financieras (100la producción de servicios financieros y rendimientos de corto plazo triunfaron sobre la inversión de largo plazo en capital físico) y se desmantelaron las protecciones institucionales para los trabajadores menos calificados.
Incluso dos economistas del FMI, Furceri y Loungani, identificaron como fuentes de desigualdad a los ajustes fiscales y a la liberalización del mercado de capitales.11 Luego de estudiar 173 episodios de ajuste fiscal (100o “consolidación fiscal” como se los llama eufemísticamente) durante los últimos 30 años en 17 economías desarrolladas, estos investigadores encontraron que el coeficiente de Gini aumentó 0,3 puntos porcentuales en los primeros dos años después de un evento y en casi 1 punto porcentual luego de ocho años.
Según estos autores, recortes en beneficios sociales y en salarios y empleo del sector público pueden afectar desproporcionalmente a grupos de menores ingresos, lo que a su vez impacta el desempleo de largo plazo (100la tasa de desempleo de largo plazo es aproximadamente 0,5 puntos porcentuales más alta luego de cuatro años de un episodio de ajuste). Además de incrementar la desigualdad de forma significativa y persistente, los ajustes fiscales típicamente han llevado a caídas en los salarios y a caídas en la participación del trabajo asalariado en el ingreso nacional.12
Aún más drástico es el impacto de la liberalización de la cuenta de capitales sobre el incremento de la desigualdad. En los 58 casos de reformas financieras a gran escala identificadas en el estudio que abrieron la cuenta de capital, el coeficiente de Gini aumentó 1,5% por año luego de la liberalización, y en 2% luego de cinco años.
El aumento de la desigualdad tiene claras consecuencias políticas, ya que después de cierto umbral, la desigualdad puede afectar el proceso democrático y las élites financieras cada vez dominan más el proceso político. En algunos países desarrollados, es innegable que el poder político se desplazó de los intereses económicos de la clase media hacia los del 1% más rico. Martin Gilens, catedrático de la Universidad de Princeton, ha llegado a afirmar que la población estadounidense está efectivamente privada de sus derechos civiles.13 Aproximadamente el 70% de la población de Estados Unidos, en el extremo inferior de la escala riqueza/ingreso, no tiene influencia en la política, concluye Gilens. Ascendiendo en la escala, la influencia se incrementa lentamente hasta llegar al tope de la pirámide en la que están los que determinan la política por medios más que claros. Para Bartels14, los senadores de Estados Unidos responden más a las opiniones de la base electoral pudiente que a las opiniones de la clase media; la opinión de los votantes del tercio inferior de la distribución del ingreso no tiene efecto estadístico en las votaciones de los senadores. Estas disparidades en la representación política son especialmente pronunciadas entre los senadores republicanos, quienes tradicionalmente han apoyado medidas de derecha.
Bartels desmiente con su análisis los supuestos de que los ricos son más influyentes que los pobres porque son más propensos a votar o porque sepan más de política. Más bien, la desproporcionada influencia de la base electoral rica refleja su desproporcionada propensión a contribuir a las campañas políticas. El sistema resultante no es una democracia, sino una plutocracia, o tal vez lo que Gearty15 llama “neodemocracia”, una compañera del neoliberalismo: un sistema donde la libertad es disfrutada por pocos y donde la seguridad en su sentido más completo está disponible solo para la élite, pero dentro de un sistema de derechos formales más generales.
Este control político diferenciado puede llevar a una reducción importante en el poder de negociación de los trabajadores; a inversiones inadecuadas en bienes públicos (100particularmente los concernientes a educación, salud y red de seguridad social) conforme las élites pugnan por reducir los presupuestos gubernamentales; a un sector financiero demasiado grande y desestabilizador, y a muy pocos ingresos para el consumo. En otras palabras, se perpetúa un círculo vicioso en el cual la creciente desigualdad en el ingreso produce reciente desigualdad en la representación política, lo que a su vez produce políticas públicas cada vez menos benéficas para los ciudadanos más necesitados, lo que a su vez produce aún más desigualdad económica, etc.
El desempeño económico de un país mejorará en el largo plazo si los gobiernos juegan un papel activo en lo que respecta a regulación, inversión y redistribución, y garantizan que las clases baja y media registren estándares de vida más altos gracias a ingresos devengados por su trabajo. La mejor forma de promover este modelo de crecimiento compartido es con un nivel de desigualdad considerablemente más bajo que el observado en Estados Unidos y otros países desarrollados.
Un informe de la OCDE16 hace una cuidadosa lectura de la situación y concluye que la creciente desigualdad en el ingreso crea desafíos económicos, políticos y sociales porque sofoca la movilidad social ascendente y dificulta que gente trabajadora y talentosa reciba los beneficios que merece al ser excluida e imposibilitada de alcanzar su potencial. “La resultante desigualdad de oportunidades inevitablemente impactará en el desempeño general”, dice el documento.
Resulta claro que la desigualdad erosiona la oportunidad, y los países más desiguales también son los países en los cuales un mayor porcentaje de la desventaja o ventaja económica se pasa de los padres a los hijos. Efectivamente, la evidencia reciente muestra que la desigualdad del ingreso y la desigualdad de oportunidades están altamente correlacionadas: las perspectivas futuras de los niños están fuertemente determinadas por el estatus socioeconómico de sus padres.17
En países como Dinamarca y Noruega, la correlación entre el estatus económico de los padres y el resultado de los hijos es más débil. En contraste, en Italia, el Reino Unido y Estados Unidos, aproximadamente 50% de cualquier ventaja o desventaja es heredada por la siguiente generación.18 Esto se observa en la elasticidad intergeneracional del ingreso, que significa el cambio porcentual en los ingresos futuros de un niño asociados con un cambio porcentual de 1% en los ingresos de sus padres (100ver gráfico 3). Una mayor desigualdad se asocia con mayor transferencia de estatus económico de una generación a otra. En las sociedades más desiguales, los pobres tienen más probabilidad de ver que sus hijos siguen siendo pobres, mientras que los ricos tienen más probabilidad de ver que sus hijos se quedan en los peldaños más altos de la distribución del ingreso. La movilidad social es menor.
En definitiva, luego de superado el paradigma neoclásico de productividades del trabajo para explicar la distribución del ingreso, podemos estar seguros de que las políticas públicas (100programas gubernamentales, impuestos, transferencias y todo tipo de apoyo en especie e inversión en cuidado, salud y educación) definitivamente ayudan a nivelar el campo de juego. Cuanto más progresivas sean, mayor será el grado de movilidad intergeneracional del ingreso y de movilidad social.
Apoyos del gobierno de carácter amplio y universal ayudan a cerrar la brecha en los recursos de las familias y amortiguan los efectos negativos que registran las personas en desventaja a raíz de las desigualdades y turbulencias originadas en las economías capitalistas. Esto es particularmente cierto para los niños nacidos y aún no nacidos, para los que el Estado puede nivelar sus oportunidades a fin de influir eficazmente en su desempeño futuro.
En la Argentina, las políticas de inclusión social son piedra angular del modelo de desarrollo económico con justicia social impulsado por el Gobierno Nacional. La Asignación Universal por Hijo (100AUH), la Asignación Universal por Embarazo (100AUE) y las distintas Asignaciones Familiares, por ejemplo, han permitido reducir marcadamente los niveles de desigualdad que se instalaron en el país desde la década de 1990. El aumento sustancial en las prestaciones sociales en efectivo y en especie, como el Plan de Inclusión Previsional, el otorgamiento de Pensiones No Contributivas, los programas PROCREAR y Conectar Igualdad, entre otros, son un pilar esencial en esta tarea de nivelar el ingreso de las familias y de nivelar las oportunidades de los niños y adolescentes.
El mismo documento de la OCDE ya citado muestra que la Argentina ha progresado significativamente en la reducción de la desigualdad durante los últimos años. De manera similar, un documento de investigación de Oxfam International19 encontró que algunos países emergentes, entre ellos la Argentina, han reducido la desigualdad en el ingreso principalmente a través de políticas de transferencias redistributivas, reforzando los esquemas de protección social, invirtiendo en acceso universal a servicio médico y educación, aplicando impuestos progresivos, engrosando los pisos salariales y los derechos de los trabajadores y eliminando las barreras a derechos y oportunidades iguales para las mujeres; es decir, con trabajo decente y políticas de protección social que representan a la mayoría.
Por caso, el crecimiento del PIB per cápita como porcentaje de la media de los países más ricos es de los más altos entre las naciones emergentes, por arriba de Brasil, China, India y Rusia, por nombrar algunos (100gráfico 4). Además, como se vio en el gráfico 3, la Argentina registra casi la misma elasticidad intergeneracional en el ingreso que Estados Unidos y otros países desarrollados y supera a países como Reino Unido, Italia, Chile, Brasil, China y Perú.
Otra forma de describir la desigualdad es analizando cambios en el ingreso familiar para distintos grupos. En el caso de la Argentina, notamos una clara reversión en la tendencia de concentración de los ingresos en los grupos más ricos, pues las políticas sociales actuales indiscutiblemente han impactado a favor del 20% más pobre de la población y de la clase media, redistribuyendo riqueza del 20% más rico (100gráfico 5).
De hecho, si observamos el patrón de acumulación en la Argentina de los últimos años, vemos que en 1991 el 10% más rico de la población se quedaba con el 36,8% del total de los ingresos, pero para el año 2010 la participación de este grupo ya había bajado a 32,3% luego de llegar al 41,6% en 2003. Esto contrasta marcadamente con lo visto en Estados Unidos, donde la participación relativa del 10% con más ingresos aumentó drásticamente con y sin contar las ganancias de capital (100gráfico 6) a los largo de los últimos 20 años, sin pausa.
El gráfico 7 evidencia el efecto de las políticas públicas sobre la distribución del ingreso hasta el II T 2013. Encontramos lo mismo que la OCDE ha convalidado en sus estudios: que los más beneficiados han sido los pobres y la clase media. El 10% más pobre de los argentinos sufrió un duro golpe en sus ingresos luego de la crisis de 2001-2002, pero a partir de ahí ha venido recuperando terreno. La relación entre el percentil 90% y el 10% es un indicador (100o el “90/10 ratio”) que da una idea simple de interpretar respecto a la distribución del ingreso: representa el nivel de ingreso del 10% más rico respecto al 10% menos rico.20 Mientras que esa relación llegó a 13,5 luego de la crisis, hoy ha bajado a un mínimo histórico, el 6,7. Como podría esperarse que sucediera bajo un gobierno con fuerte compromiso con la justicia social, el 10% de la población más rica ha visto perder participación.
No menos importante, los ingresos fiscales como porcentaje del PIB en la Argentina son similares a los de los países de la OCDE, por lo que el país disfruta de ingresos sanos para financiar los programas sociales en beneficio de los más necesitados (100tabla 2).
En definitiva, como lo han demostrado la Argentina y otros países de la región, el crecimiento persistente de la desigualdad no es inevitable y puede revertirse con voluntad política, sobre todo porque además de ser moralmente cuestionable, tiene efectos negativos sobre el crecimiento económico, además de que sirve como catalizador de problemas sociales porque, en lugar de avanzar todos en la misma dirección, la gente cada vez está más separada por el poder económico y político.
Los valores que defiende el Gobierno Nacional discrepan mucho de las concentraciones que se observan en esta era de la desigualdad, donde casi la mitad de la riqueza de mundo pertenece a solo el 1% de la población y donde la mitad más pobre del mundo tiene lo mismo que las 85 personas más ricas del planeta. Las élites globales son cada vez más ricas, aunque la gran mayoría de la gente ha sido excluida de esta prosperidad. Las palabras de Louis Brandeis, de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, parecen más ciertas que nunca: “Podemos tener democracia, o podemos tener riqueza concentrada en las manos de pocos, pero no podemos tener las dos cosas”.21
Es importante evitar que la toma de decisiones políticas quede en manos de grupos de élite porque entonces las leyes se inclinan a favor de los ricos, a menudo en detrimento de los demás, desgarrando la cohesión y el contrato social y desapareciendo las oportunidades para todos. Esta concentración del poder político termina por despojar a los ciudadanos de fuentes naturales de ingresos, produce políticas fiscales injustas y desafía los poderes regulatorios del Estado.
Lo vimos en Estados Unidos cuando las políticas a favor de las grandes corporaciones restaron poder de negociación y organización a los sindicatos erosionando el valor real del salario mínimo y otras protecciones sociales, mientras los grupos de interés usaron su influencia para reducir los impuestos al ingreso y a las ganancias de capital. Lo vimos en Europa, donde se han aplicado programas de austeridad de cara a enormes protestas públicas porque se basan en recortes a servicios públicos como educación, salud y seguridad social, todo para desmantelar precisamente los mecanismos que reducen la desigualdad y que posibilitan el crecimiento equitativo. Con todo ello se ha buscado erosionar los derechos de los trabajadores, y así los sectores más pobres de la sociedad han sido los principales afectados.
En esta era de la desigualdad es importante entender que los mercados no son fenómenos autónomos y espontáneos que operan de acuerdo a sus propias leyes naturales. Por el contrario, la evidencia apunta a que existe una desconexión entre lo que dice el discurso liberal y la forma en que realmente funciona la economía y la sociedad. De cara al gran reto que implica esta lucha desigual, en la que determinados grupos de interés y ciertos políticos buscan moldear la opinión pública para apoyar su visión a favor de una mayor desigualdad, la única verdad debe ser la realidad.
Notas
1. Saez, Emmanuel. “Striking it Richer: The Evolution of Top Incomes in the United States (100Updated with 2012 premilinary estimates)”. University of California. 2013.
2. Mankiw, N. Gregory. “Defending the One Percent”. Journal of Economics Perspectives. 2013.
3. Goldin, Claudia y Katz, Lawrence. “The Race between Education and Tecnology”. 2008.
4. Brynjolfsson, Erik y McAfee, Andrew. “Race Against the Machine”. 2011.
5. Stiglitz, Joseph, “The Price of Inequality”. 2012.
6. Mankiw, N. Gregory. “Spreading the Wealth Around: Reflections Inspired by Joe the Plumber”. Eastern Economic Journal. 2010.
7. Conard, Edward. “Unintended Consequences: Why Everything You’ve Been Told About the Economy Is Wrong”. 2012.
8. Carney, Brian M. “Please Don’t Soak the Rich”, The Wall Street Journal. 13 de junio de 2012, disponible en http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303901504577462621107941692
9. Howell, David R. “The Great Laissez-Faire Experiment. American Inequality and Growth from an International Perspective”. Center for American Progress. 2013.
10. Oswald J. Andrew y Powdthavee Nattavudh. “Money makes people right-wing and inegalitarian”, VoxEU, 13 de febrero de 2014, disponible en http://www.voxeu.org/article/money-makes-people-right-wing-and-inegalitarian.
11. Furceri, Davide y Loungani, Prakash. “Who let the Gini out? Searching for sources of inequality”, VoxEU, 13 de febrero de 2014, disponible en http://www.voxeu.org/article/searching-sources-inequality.
12. L. Ball et al. “The Distributional Effects of Fiscal Consolidation”, Documento de Trabajo FMI 13/151, Washington, D. C. 2013.
13. Gilens, Martin. “Affluence and Influence: Economic Inequality and Political Power in America”. Princeton University Press. 2012.
14. Bartels, Larry M. “Economic Inequality and Political Representation”. Princeton University. 2005.
15. Gearty, Connor. “Liberty and Security”. Wiley-Blackwell. 2012.
16. “Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising”. OCDE. 2011.
17. T.M. Smeeding, R. Erikson y M. Jantii (100eds). “Persistence, Privilege, and Parenting: The Comparative Study of Intergenerational Mobility”. Nueva York: Russell Sage Foundation. 2011.
18. Corak, Miles. “Inequality from generation to generation: the United States in Comparison”, en Robert Rycroft, ed. The Economics of Inequality, Poverty, and Discrimination in the 21st Century. ABC-CLIO. 2013.
19. “Working For the Few: Political Capture and Economic Inequality”. Oxfam International, 20 de enero de 2014, disponible en http://www.oxfam.org/en/policy/working-for-the-few-economic-inequality
20. Para ser más precisos, la relación 90/10 indica el nivel de ingresos del percentil 90° respecto al percentil 10°. Un valor de 6,7 indica que la persona más pobre dentro del 10% más rico tiene un ingreso que es 6,7 veces mayor que la persona más rica dentro del 10% más pobre.
21. Ver http://www.brandeis.edu/legacyfund/bio.html
* Doctor en Economía, con un máster en Administración Pública (100Columbia University, EE.UU.).
** Licenciado en Economía, con un máster en Economía Regional (100Saltillo, México) y docente de la UNTREF.
