Si a principios de siglo XIX la inmigración estuvo fagocitada desde los principales grupos económicos locales y sus representantes en los gobiernos para lograr la inserción económica del país al mercado internacional, en la actualidad la inmigración no se observa desde una perspectiva utilitarista sino eminentemente humanitaria.
Desde el punto de vista inmigratorio, la Argentina ha mantenido un entramado jurídico inclusivo. Probablemente ello sea un indicador de la cultura, pero también representa un proceso mantenido y direccionado desde el Estado.
La inmigración es símbolo tanto de las relaciones humanas como de los vínculos interestatales que se gestan. Nótese que cuando el Estado de Arizona crea una ley en abril del 2010 restringiendo los derechos de niños, mujeres y hombres inmigrantes; cuando el gobierno de los Estados Unidos levanta un muro en su frontera con México; cuando Francia no deja pasar a su territorio a ciudadanos de Europa del Este –miembros de la propia Unión-, o cuando Italia expulsa a africanos de sus costas, lo que se manifiesta no sólo es la discriminación, sino también una lógica de relación entre Estados que adquiere connotaciones preocupantes.
Paradójicamente, aquél extenso territorio conformado por diversos países, cuyas fronteras han sido borradas, que se presenta como el continente símbolo de la fraternidad, se constituye en el epicentro del avance de las derechas radicales (100el ascenso de Le Pen en Francia resulta un caso demostrativo de este punto). Las barreras de la fraternidad se reducen al mismo tiempo que crecen las fronteras de los prejuicios. El criterio de hospitalidad universal, que enunciara el filósofo alemán Immanuel Kant y que inspirara a muchos de sus continuadores, parece disgregarse en la lógica de los antagonismos y localismos.
Esta matriz de relacionamiento –que expresa la distancia entre las diferentes naciones de un mismo continente y de un mismo bloque como la Unión Europea-, se contrapone con la alcanzando por las distintas naciones sudamericanas en el marco de la UNASUR, donde la fraternidad se constituye en el rasgo distintivo de la región.
En este contexto, la Argentina mantiene y ha profundizado una política inclusiva hacia todas aquellas personas que buscan cobijo, dado que más allá de la nacionalidad o el credo, lo que está en juego es una defensa de la dignidad humana. En esta dimensión también el gobierno abriga los postulados de los Derechos Humanos.
Cabe señalar que fue la presidenta Cristina Fernández quien reglamentó la ley de migraciones 25.871 y permitió el acceso a documentación de más de 400 mil inmigrantes a través del Plan Patria Grande. Asimismo fue durante el actual período presidencial que se firmó el decreto 1923/2010 con el fin de otorgarle asueto a migrantes paraguayos y uruguayos para que pudieran vivir las elecciones en su país de origen.
De esta manera, la Argentina avanza hacia políticas de inclusión en diferentes ámbitos, al mismo tiempo que teje una relación de confraternidad con los países de la región, dado que, como bien dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 5 de mayo de 2010 en el foro regional de la UNASUR, el bloque sudamericano condena «todos los tipos de políticas discriminatorias de los emigrantes (100…) por las evidentes consecuencias racistas que atentan contra el respeto de los derechos humanos«.
Pablo Javier Salinas
GESTAR
Twitter: @SalinasPabloJ
