En su editorial del 26 de julio pasado el diario La Nación -el mismo día del aniversario del fallecimiento de Evita- hizo una fuerte defensa de la flexibilización laboral; bajo el título de «Un cambio indispensable en las relaciones laborales» se promocionaba un mini programa de precarización del empleo partiendo de la idea, absolutamente errónea, de que la protección legal al trabajador impide la inversión y la productividad.
El apoyo explícito del periódico al gobierno de Mauricio Macri y algunos planteos de éste, coincidentes con la editorial, deben alertarnos sobre la probable intención de avanzar en ese sentido. Tanto la insistencia en relacionar costo salarial con productividad -que incluso lo llevó a una discusión con el Diputado Oscar Romero en Alemania- como la manifiesta suspicacia de que el fuero laboral falla siempre a favor de los trabajadores, son potentes ejemplos del retroceso que planifica este gobierno respecto de la política laboral.
El marco conceptual en que se mueve el presidente parte de una falacia evidente, y desde ahí se construye el discurso como un castillo en el aire. La trampa está, no tanto en lo que el artículo y Macri dicen, sino en lo que no se atreven a decir pero piensan: que el trabajador y el empleador deben ser colocados en pie de igualdad para negociar. Y todos sabemos que eso es mentira. Queda claro, una vez más, que la intención es gobernar para los ricos y poderosos con la lógica del patrón de estancia.
El Derecho Laboral es lisa y llanamente un derecho protector del trabajador. Esto es así exclusivamente porque entre trabajador y empleador existe una relación de profunda desigualdad; resulta increíble tener que aclararlo en la Argentina del siglo XXI. El trabajador se encuentra obligado a vender a otro su tiempo, su esfuerzo físico o intelectual para poder subsistir. Esta vulnerabilidad necesita ser minimizada a través de la legislación y su aplicación efectiva, la cual solo puede ser garantizada por la implementación de activas políticas públicas desde el Estado.
En la nota y en las palabras de Macri, siempre son los trabajadores quienes deben resignar sus derechos y posiciones en función de una supuesta mayor productividad y competitividad. La falta de productividad se debe, según esta lógica, a excesos protectores de la legislación laboral. No hay una sola línea dedicada a los esfuerzos empresariales. No hay una sola mención a la ampliación de derechos de los trabajadores como por ejemplo, empezar a estudiar la aplicación del salario máximo, o lograr una relación proporcional y justa entre el salario más alto y el más bajo de una misma empresa, o cumplir el mandato constitucional de la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, o aumentar las licencias por maternidad y paternidad. Todas normativas que ya existen en varios países desarrollados y competitivos.
La derogación de derechos laborales y el subsidio a Mc Donald´s para que emplee a jóvenes por menos del salario mínimo parecen ser los principios rectores de Macri en la materia. Como en todos los otros rubros, el presidente opta por transferir recursos y derechos hacia los que más tienen. La ideología del sinceramiento en materia laboral es sincerar que no desea un trabajador protegido y consciente de sus derechos.
Como en tantas otras materias, el cambio es hacia atrás. El desarrollo, la modernización y la competitividad de Argentina se logra con la ampliación de derechos laborales en procura de un país integrado y para todos, porque «el trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y de la comunidad, la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general; de ahí que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien lo necesite«, como bien reza la Constitución peronista del 49.
