A mediados del 2011 comienza una fuerte pulseada por el dólar que lleva más de dos años sin resolverse, a diferencia de otras crisis cambiarias de nuestra historia que habitualmente terminaban rápido.
El Gobierno, en lugar de permitir la brusca devaluación implementó un conjunto de medidas de regulación del mercado cambiario, limitando la capacidad de adquisición de divisas por parte del sector privado para proteger el salario, la producción y el empleo. Por ejemplo, se incorporaron recargos a las compras en el exterior con tarjetas de crédito, así como a la compra de divisas para turismo, lo que generó mayor demanda de turismo local y, por otro lado, permitió que personas con recursos económicos comprobados tuvieran acceso a las divisas necesarias para hacer todos los viajes al extranjero que deseaban, así como gastar en dólares con tarjeta de crédito sin límites en el exterior.
Ante esta situación, apareció con mucha fuerza un mercado paralelo, en gran medida ilegal (100aunque con componentes legales, como son las operatorias con bonos públicos emitidos en dólares). Este mercado paralelo fue empujado a la vez por un fuerte operativo mediático donde día a día se presenta la cotización del “dólar blue” como un indicador “infalible” de la distancia que tenía nuestra economía con el precipicio de la crisis cambiaria, como lo era hace años la publicación del “riesgo país”.
El gobierno intentó combatir la pulseada vendiendo reservas del BCRA y manteniendo el valor del dólar oficial (100o con devaluaciones muy pequeñas), aunque esto implicó una gradual apreciación del peso y por lo tanto la pérdida de competitividad de las economías regionales. El dólar barato y la existencia de este mercado paralelo también afectaron la cuenta corriente por otros mecanismos (100como ser el turismo y otros servicios), y así fue como se redujo el saldo del sector externo.
Este mercado paralelo comenzó a tener una influencia en los sectores reales de la economía. Los exportadores empezaron a retrasar la venta de bienes (100principalmente la cosecha de soja) y los empresarios comenzaron a pensar nuevamente en términos exclusivamente financieros y no de producción. Ante esta situación, el gobierno convalidó una devaluación del 19% el 24 de enero de 2014, llevando el dólar a $8, y después anunció que se permitiría la compra de dólares para atesoramiento.
La lógica de estas medidas se entiende en el desarrollo de los acontecimientos de estos dos últimos años. En primer lugar, convalidar un dólar a $8 implica desarmar la expectativa de un dólar de $13, como se sigue difundiendo hoy en los medios de comunicación a través de la publicación del valor de un supuesto “dólar blue”. Por otro lado, si los ciudadanos tienen acceso al dólar oficial para atesoramiento, debería perder importancia el mercado paralelo en el colectivo nacional. Además, con un dólar oficial más alto, los exportadores tienen un incentivo fuerte a liquidar sus exportaciones, mientras que las economías regionales recuperan competitividad. Las tasas de interés también se subieron en forma coordinada, para fomentar el ahorro en pesos y desalentar la compra de dólares. Si se logra que gracias a estas medidas suban las reservas (100aunque los primeros días es posible que bajen para mantener el dólar en $8), se desactiva la presión sobre el dólar ya que baja la incertidumbre del mercado, así como las expectativas de una mayor devaluación.
Una menor presión sobre el dólar, entre otros beneficios, permite implementar medidas de impulso a la demanda efectiva sin correr el riesgo de que esos fondos se vuelquen a la especulación financiera, lo cual podría convertir a esas políticas en totalmente inefectivas y de hecho contraproducentes.
La cuestión central ante este panorama son las medidas compensatorias, así como los acuerdos con los empresarios para apuntar al control de precios y que la devaluación no implique en forma automática y proporcional una caída del salario real de los trabajadores, por aumentos generalizados en los precios.
En definitiva, con estas medidas el gobierno demuestra que existe la flexibilidad necesaria para adoptar la mejor política según las circunstancias nacionales e internacionales. Los problemas en la economía real que existen con esta devaluación se corregirán y, además, no son tampoco tan profundos. Incluso antes de la devaluación Argentina mantenía un superávit de la balanza comercial significativo (100en 2013 fue de más de $9.000 millones de dólares). El Estado Nacional tiene vencimientos de deuda no muy onerosos los próximos años y gran parte de ellos son en pesos y con organismos estatales. La tasa de desempleo está en un mínimo histórico (1006,8%) y todos los indicadores de distribución del ingreso muestran que a fines del 2013, existía la menor desigualdad económica en la historia del país. Además, debería esperarse que esta devaluación mejore la situación fiscal del Estado Nacional, lo que dará mayor margen para apoyar a los sectores más desfavorecidos. El anuncio del programa PROGRESAR va en esta dirección.
La contradicción principal sigue siendo la misma: de un lado está la defensa del interés nacional y el bienestar de las grandes mayorías populares y, del otro lado, la supervivencia de una patria financiera, rentista, sin nacionalidad, que busca recuperar el poder perdido y aumentar sus ganancias, aunque sea a costa del desempleo masivo y de salarios de miseria.
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