por Andrea Fabiana García* – Diputada nacional FpV-P.J.
Desde el año 2003 perseguimos como un objetivo central que en la Argentina la salud sea un derecho con acceso universal, que la equidad y la solidaridad del sistema no se vean avasalladas por intereses económicos y especulativos (100foráneos o nacionales), el imperativo tecnológico o la intromisión de la justicia, que en nombre de los derechos individuales lesiona los derechos colectivos.
En la Argentina, la salud no es materia delegada por las provincias al Estado nacional. Con la reforma constitucional de 1994, al integrarse en su texto los Tratados y Convenios Internacionales sobre los Derechos Humanos, la salud se incorpora como responsabilidad del Estado en sus tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal y bajo la condición para su cumplimiento de la cláusula federal constitucional (100Art. 5, Constitución Nacional).
En consecuencia, los estados jurisdiccionales son los responsables de las cuestiones referidas a la conducción y gestión sanitaria dentro de sus ámbitos territoriales. Tanto el Estado nacional como el provincial y el municipal tienen competencias propias y concurrentes en materia de salud, que atañen a los tres poderes en los que se encuentran organizados.
El Estado nacional tiene la responsabilidad de conducir, coordinar y modular el sistema de salud en su conjunto para que el efectivo cumplimiento de los derechos humanos, en los que se incluye el derecho social a la salud, sea ejercido a lo largo de las distintas jurisdicciones del país promoviendo medidas de acción positivas concertadas con ellas, que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato.
La equidad en salud se convierte en un requisito fundamental y constituye un valor esencial tanto como la solidaridad y la justicia social.
Asegurar el acceso equitativo a los servicios de atención de salud no es condición suficiente para garantizar el bienestar, se hace necesario además intervenir sobre los factores socioeconómicos condicionantes de la situación de salud de las personas, tomando vital relevancia la perspectiva de los determinantes de la salud.
La Organización Mundial de la Salud define estos determinantes sociales de la salud como las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud, estas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local y explican la mayor parte de las inequidades sanitarias y las diferencias injustas y evitables observadas sobre la situación sanitaria.
La salud es, como dicen algunos autores, un derecho social preexistente al derecho de libertad. Estos derechos sociales son los que humanizan a los individuos, sus relaciones y el entorno en los que se desarrollan. Son garantías de la igualdad y la libertad reales, pues la libertad no es posible si es imposible ejercerla por las condiciones materiales de existencia.
Los derechos sociales, tales como el derecho a un empleo y a un salario, a la protección social, a una vivienda, a la educación, y por supuesto, al acceso a la salud, exigen Estados activos que remuevan los obstáculos que impiden las relaciones en igualdad de oportunidades, y requieren crear los ámbitos necesarios para que se desenvuelva una sociedad igualitaria en términos económicos y de oportunidades.
En nuestro país esos derechos consagrados en la Constitución sufrieron los vaivenes de la patria. Sin embargo, cuando gobernaron los partidos políticos populares el pueblo volvió a tener acceso a ellos.
En el año 1945, con la llegada de Juan Domingo Perón a la presidencia, en la Argentina se encontró la ecuación de libertad e igualdad. Y a partir de 2003, con la presidencia de Néstor Kirchner y la continuidad de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hemos comenzado a reeditar aquel proceso.
En ese sentido, es vasta la tarea que el Gobierno nacional ha emprendido con resultados sumamente positivos y alentadores.
En el año 2003 el índice de mortalidad infantil se ubicaba en 16,5 por mil, y en 2012 llegó al 11,1 por mil, más de 5 puntos por mil de reducción de la mortalidad infantil. Igualmente, de la mortalidad materna tenemos registros únicamente desde 2009, pero por cada 10.000 nacidos vivos pasamos de 5,5 decesos a 3 en 2013.
En cuanto a trasplantes de órganos, de 8 hospitales en 2003 hoy existen 20 donde se trasplantan órganos. En 2003 se hacía un trasplante cada 12,5 horas; en 2011, uno cada 7; y en 2013, uno cada 6 horas.
Es notoria la disminución de casos de Chagas pues prácticamente no hubo casos positivos en toda la década.
Contamos en la actualidad con el calendario de vacunación más completo del mundo. Comprende 19 vacunas gratuitas y obligatorias, con una inversión de 1040 millones de pesos por año, y recientemente tres vacunas se incorporaron al calendario nacional de vacunación: la aplicación contra el rotavirus, la varicela y el meningococo.
Se amplió sensiblemente la cobertura médico asistencial: al haber más trabajo en la Argentina (100se incorporaron 7 millones de ciudadanos entre empleo público y privado) vuelven a tener un impacto muy fuerte las obras sociales. De esta manera, está cubierta una parte importante de la población mediante el sector público y también a través de las obras sociales.
El plan Nacional de Salud SUMAR, que se agregó al Plan NACER, amplió esta protección.
Aumentamos la cobertura previsional pasando en 2001 del 51,9% al 93%. Y, desde el Congreso de la Nación, votamos la ley para extender nuevamente la moratoria previsional y beneficiar a quienes no hubieran completado los aportes jubilatorios durante su etapa activa. Se prevé así que unos 500.000 argentinos que estaban excluidos del sistema jubilatorio por no tener la totalidad de aportes están ahora en condición de jubilarse. El objetivo es lograr la universalización jubilatoria, es decir, llegar al 100% de cobertura previsional.
Ofrecemos una de las mejores coberturas de salud de América Latina. Ha sido producto, precisamente, del crecimiento del trabajo y de las obras sociales, e incluso ha crecido la cobertura de los grupos vulnerables a través de muchas leyes que ha aprobado nuestro Parlamento para asistir a los sectores más sensibles de la población en materia de dolencias crónicas.
Y en gastos comparativos en salud debemos decir que somos de la región, incluido Estados Unidos, el Estado que más gasta en salud pública, algo de lo cual tenemos que enorgullecernos todos los argentinos. Y si a eso le sumamos que tenemos la cobertura previsional más alta de Latinoamérica –con la aplicación de la nueva ley, en condiciones de llegar al 100%− se explica el porqué de esta altísima inversión en materia de salud.
Del gasto total de salud en la Argentina, el 64,4% es público y el 35,6% es privado. En Estados Unidos, el 48,2% es estatal y el 51,8%, privado. En Uruguay, el 65,3% es público y el 34,7% es privado. En Brasil, el 53% es privado y el 47%, público.
En consonancia con el accionar del Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación, en materia de acción social y salud, tiene numerosos proyectos en tratamiento.
Los proyectos de nuevas leyes que involucran al tema de medicamentos son objeto de un intenso debate. Se destaca el proyecto que crea la red de laboratorios públicos de producción de medicamentos que está próximo a debatirse y sancionarse en el recinto de la Cámara de Diputados, como asimismo otros que proponen la implementación de la receta electrónica y la regulación de la publicidad de los medicamentos.
Han sido también objeto de debate los proyectos de una nueva Ley de Obstetricia y la Ley Federal de Trabajo Social que elevan la Educación Sanitaria a nivel universitario.
La aprobación del nuevo Código Civil y Comercial que incluye las técnicas de reproducción humana asistida ha posibilitado el tratamiento y debate de un proyecto de ley especial de protección de embriones no implantados que ya tiene dictamen de comisiones y está listo para ser tratado por la Cámara de Diputados.
Quisiera referirme finalmente a una cuestión vinculada a los condicionantes de la salud, que avasalla la soberanía y los derechos colectivos en nombre del respeto por los derechos individuales, como lo es la judicialización de la salud.
Judicialización que se ha transformado en una gran preocupación para los sistemas sanitarios pues supone una intervención de la justicia para promover la autorización de prácticas o la provisión de elementos o medicamentos indicados por fuera de los protocolos que demuestran su utilidad.
La salud no es solo un problema médico sino que se extiende más allá de los retos de la medicina que pretende apropiársela, ni tampoco es potestad exclusiva de la justicia su defensa.
La Constitución Nacional establece que el Poder Judicial deberá intervenir para corregir las omisiones o incumplimientos en la reafirmación y salvaguarda de este derecho y su efectiva vigencia, pero esto no significa que deba obviar y romper la equidad del sistema de salud argentino, donde coexisten al unísono tres subsistemas bien definidos: el público, el de obras sociales y el sector privado, sin respetar evidencia científica, consensos internacionales o nacionales, y desconociendo organismos reguladores en el mejor de los casos.
El Poder Judicial (100la justicia) evidencia su esencia no democrática, contramayoritaria, elitista, clasista, endogámica y muy sensible a los que tienen poder económico y poder legal y amerita entonces organización y regulación por parte de quienes estamos interesados en la salud pública.
En síntesis, la recuperación del rol del Estado que equilibra y distribuye, iniciado en el año 2003 con la presidencia de Néstor Kirchner, ha permitido que la salud sea hoy en la Argentina un derecho humano fundamental al que todos podemos tener acceso.
Actualmente, nuestro país puede mostrar con satisfacción sus avances en materia sanitaria, habiendo logrado alcanzar la disminución de la morbimortalidad materno infantil y la enfermedad de Chagas, dos de los objetivos del milenio en materia sanitaria.
En esta Argentina de derechos recuperados y ampliados fuimos capaces de poner en marcha un sistema de salud que alberga a todos y que va de la mano, de manera insustituible, del desarrollo y la participación equitativa en la distribución social, sin duda uno de los requisitos para lograr el crecimiento y la felicidad de nuestro Pueblo.
La diputada Andrea García preside una reunión de la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados de la Nación. Allí afirmó: “Los medicamentos son un bien social y debemos garantizar el acceso universal de toda la población a los mismos. El precio de los medicamentos no puede ser el resultado del mercado”.
El concepto de la salud como un derecho no termina de ser entendido por otras fuerzas políticas, que continuamente recortan el presupuesto de la salud pública en sus distritos, beneficiando a las empresas que lucran con ese derecho.
*Presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados de la Nación.
