11 de octubre de 2016
Instituto Gestar

Las dos velocidades de Cambiemos

Por Ignacio García Díaz

El 29 de agosto último, el Presidente Mauricio Macri expresó durante un acto en la planta que la empresa Manaos tiene en La Matanza que, a su criterio, claro está, la Argentina “recupera la confianza” y empieza a recorrer un “camino de progreso”. Suponiendo que este sendero se encuentre aún en construcción, sí parece estar claro de qué manera transitará por él cada sector de la sociedad argentina. Para el sector del capital concentrado de la economía, el gobierno parece haber construido un vehículo último modelo para hacer lo más placentero posible su viaje durante los cuatro años que durará su mandato. Por el contrario, para el sector del trabajo, la alianza Cambiemos parece preferir un antiguo Citroën 3 CV sin mantenimiento mecánico. Es decir, un viaje a los tumbos con altas chances de no llegar a buen puerto.

Este diagnóstico metafórico no es capricho ni mucho menos, simplemente basta observar la celeridad con la que el Gobierno Nacional respondió a las demandas de los sectores empresarios más concentrados. A los cuatro días de asumir, anunció la quita total de retenciones a las exportaciones de trigo, maíz, sorgo, girasol y carnes, así como la baja gradual de las retenciones a la soja hasta llegar al 0% en siete años. Sólo esta medida significó inicialmente una transferencia de decenas de miles de millones de pesos desde el sector del trabajo a un grupo de empresas tales como Cargill, Bunge, Nidera, y Dreyfuss, entre otras, que dominan mayoritariamente el mercado exportador de granos.

A los tres días del anuncio vinculado a las retenciones, el gobierno puso en marcha la liberación del mercado cambiario. Esto significó en el corto plazo un aumento del dólar de casi el 60%, generando la consecuente escalada de precios, así como también una baja del salario en dólares (100exigida en reiteradas ocasiones por las Cámaras Empresarias). No está de más recordar que, si se devalúa el dólar y los precios se disparan, el poder adquisitivo de los trabajadores sufre una sensible pérdida. Este combo de baja de retenciones y  devaluación de la moneda, ejecutado tan solo en 7 días de mandato presidencial, significó finalmente un beneficio de alrededor de 60.000 millones de pesos que fueron a parar en su mayoría a las arcas de las ya mencionadas compañías, perjudicando seriamente a los asalariados y a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

La segunda mitad de diciembre vino con buenas noticias para el sector financiero: el 18 del último mes de 2015, mediante la Comunicación “A” 5853, el Banco Central de la República Argentina conducido por Federico Sturzenegger liberó los topes de tasas de interés pasivas y activas del sistema financiero, generando un salto inicial en la tasa para préstamos personales del 37% al 44%. Nuevamente, los bancos podrían mejorar su rentabilidad a su antojo, mientras que un trabajador que solicite un préstamo bancario deberá destinar un monto mayor de su salario a devolver el dinero solicitado.

El Gobierno Nacional no se tomó vacaciones para seguir cumpliendo favores a sus aportantes de campaña: el 29 de enero el Ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren anunció un brutal aumento a los servicios públicos en los segmentos mayorista y minorista, generando un impacto de hasta un 3000% en algunas boletas de luz y de gas principalmente. Diversas presentaciones judiciales por parte de Pymes y de consumidores derivaron en fallos de la Justicia que fueron aminorando el impacto de semejante atropello al bolsillo, sin embargo se espera que tras las disputas en los distintos Tribunales las tarifas de luz y gas terminen aumentando entre cinco y seis veces para empezar. El último cuadro tarifario de gas presentado por el Gobierno, tras la realización de audiencias públicas de dudosa legitimidad, va en ese sentido (100400% para residenciales y 500% para Pymes). Distintos economistas estimaron que esto significaría una transferencia de ingresos del sector Pyme y asalariado hacia las compañías energéticas y de servicios públicos de alrededor de 3000 millones de dólares.

Los beneficios en tiempo récord para el sector del capital continuaron el 12 de febrero con la eliminación de las retenciones a la minería. La medida significó una transferencia de más de 200 millones de dólares desde el Estado al sector minero. El gobierno sumó en dos meses cinco medidas que significaron un aumento de ingresos de miles de millones de dólares para las distintas Cámaras Empresarias.

Mientras tanto, los trabajadores esperan. Con un anuncio engañoso a mediados de febrero, Macri elevó el mínimo no Imponible del Impuesto a las Ganancias a $30.000. Lo que ocultó es que el mismo decreto que elevaba el piso para pagar el tributo derogaba el homónimo 1242 de 2013, lo cual llevó a que aproximadamente 270.000 trabajadores que no pagaban Ganancias pasen a estar alcanzados por el impuesto. Una verdadera tomada de pelo. Como si no fuese suficiente, la inmensa mayoría de los trabajadores registrados y no registrados que no pagan el Impuesto a las Ganancias la han pasado realmente mal los primeros meses del Gobierno de Cambiemos: cientos de miles de despidos, tarifazos, devaluación, y casi el doble de inflación que en 2015. Exactamente lo que en criollo denominamos un ajuste.

El Poder Ejecutivo comandado por Macri, entonces, demuestra tener dos ritmos para gobernar: una extrema rapidez para beneficiar al sector del capital concentrado y una evidente lentitud (100o falta de voluntad) para ocuparse de los asalariados. Más que un problema mecánico, el Gobierno evidencia tener con los que trabajamos un problema netamente existencial: no le gustamos.

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