En la solicitada publicada en varios diarios el día 8 de julio del 2014, los fondos buitres incurren, como mínimo, en interpretaciones presentadas como hechos. También podríamos decir que mienten abiertamente. Esta es la línea de trabajo de cabildeo anti argentino que el Grupo de Tareas Americano Argentino ha realizado hasta ahora en Estados Unidos de América. Mediante la solicitada quisieron extender el lobby a Buenos Aires, pero tuvieron muy poco éxito.
En la solicitada cuestionan tres supuestos “mitos” de la disputa. El primero es que el Juez Griesa y los fondos buitres están forzando a un nuevo default de la deuda argentina. Los hechos son muy claros: Argentina cumplió su parte el 30 de junio del 2014 depositando 832 millones de dólares para pagar al 92,4% de bonistas que entraron a los canjes del 2005 y del 2010. Pero estos fondos no fueron transferidos a las cuentas de los bonistas por el banco que debería hacerlo (100el Banco Of New York, o BONY) por una orden del Juez Griesa. Con la sentencia ya firme y la negociación en marcha, ¿qué sentido tiene retener estos fondos si no es agregar piedras en el camino? Una vez depositados estos fondos en el BONY ya no son de Argentina, pertenecen a los bonistas, con lo cual la avalancha de reclamos y juicios al BONY y al propio Juez Griesa es inevitable, como todos saben.
El segundo “mito” es que Argentina debería pagar $15 mil millones de dólares en el futuro inmediato si paga también de forma inmediata a los fondos buitres. La realidad es que Argentina en tal caso tendrá que pagar una cantidad muy grande. Los propios fondos buitres reconocen en la solicitada que sería un 50% de ese monto, o sea $7.500 millones. En cualquier caso, sería una cantidad absolutamente desproporcionada para la economía del país y para el total de reservas internacionales que hoy se disponen (100de caso $29 mil millones de dólares).
El tercer “mito” es que Argentina necesita una decisión judicial que le de más tiempo para negociar. La forma de desacreditar este argumento es esta frase: “El deseo expresado por Argentina para una negociación justa, equitativa y legal es una pantalla de humo”. ¿Esto es un “hecho” o una “interpretación”? La realidad es que Argentina ha tenido conflictos profundos con acreedores en los últimos diez años, no sólo por la deuda de los bonos en default (100negociación aceptada por el 92,4% de los acreedores). Argentina también negoció y llegó a un acuerdo con el Club de Paris (100deuda con Estados y organismos financieros públicos de países desarrollados), con la empresa Repsol y con las empresas acreedoras con sentencia firme en el CIADI (100tribunal internacional referido a inversiones extranjeras). En definitiva, todos los conflictos financieros internacionales fueron resueltos, salvo éste. ¿Quién es el que no tiene voluntad de negociar?
Sobran los ejemplos de la actitud dolosa de estos especuladores carroñeros. Sin ir muy lejos, la semana pasada se dio a conocer que el lobby de los fondos buitres se presentó en el Congreso de los Estados Unidos tratando de impedir el acceso de la carne argentina al mercado norteamericano. Uno puede entender que la Asociación de Ganaderos de Norteamérica apoye las restricciones al ingreso de la carne argentina (100medida proteccionista como las hay en todo el mundo, contrariamente a lo que opinan los defensores del libre cambio), pero ¿qué tiene que ver esto con la deuda en default? El argumento (100absolutamente falso y muy tomado de los pelos) sería que Argentina, como “no paga sus deudas”, los ganaderos argentinos estarían compitiendo en forma injusta con los de Estados Unidos. Lo que se intenta perjudicar es al sistema productivo argentino y, en particular, al sector agropecuario. Llama mucho la atención que no hayamos visto a la Sociedad Rural Argentina cuestionando este lobby abierto en contra de sus intereses directos.
Obviamente, cuando vemos este tipo de actitudes entra la duda de si los fondos buitres y el Juez Griesa lo que buscan es justicia o simplemente perjudicar a Argentina a toda costa. Visto cómo los intereses financieros permean abiertamente los sistemas legislativo y judicial de sociedades que supuestamente representan la cúspide de la democracia, queda claro que el camino de fortalecer la soberanía y la independencia económica debe ser la máxima prioridad de política internacional para evitar en el futuro este tipo de situaciones.
Roberto Arias
Instituto Gestar
