A esta altura del partido podemos afirmar sin lugar a dudas que una nota distintiva de la coalición gobernante es su extraordinaria fascinación por la literatura de ficción y su empeño por recrear en la sociedad argentina algunos fenómenos que han sido imaginados por los más altos exponentes del género.
1984 es una novela política de ficción escrita por el inglés Geoge Orwell y publicada en 1949. Esta obra describe un omnipresente y vigilante Gran Hermano que a través de la policía del pensamiento y de un nuevo lenguaje que reduce y transforma el léxico con fines represivos llega al extremo de que lo que no forma parte de la lengua no puede ser pensado. La sociedad argentina acaba de entrar en la fase inicial de esta nueva sociedad ficcional. Se trata de una sociedad donde se manipula la información y se practica la vigilancia masiva y eventualmente la represión política y social. El Hermano Mayor ejerce su poder sobre una masa de gente pobre y entretenida para que no puedan ni deseen rebelarse. Se los somete a una propaganda alienante que busca desmoralizarlos y les impide pensar críticamente. La masa (100proles en la novela) queda condenada a una existencia miserable, con riesgo de sufrir vejámenes terribles sino muestra suficiente fidelidad o adhesión a la causa.
Regresemos ahora a la realidad de la Argentina de comienzos del siglo XXI. El gobierno nacional no parece estar dotado del don de la oportunidad. Cuando aún persisten los ecos de la denuncia hecha por el más importante conductor televisivo de la argentina, quién acusó al Jefe de Gabinete, Marcos Peña de comandar un ejército de Trolls dedicados sistemáticamente a difamar y atacar en la redes sociales a todos los que osan criticar algún aspecto de la gestión de gobierno, nos notifican que comenzarán a utilizar la base de datos más grande de la Argentina, la de la Anses, para, eufemismo mediante, mejorar la comunicación del gobierno con la sociedad.
La utilización de los datos personales de los trabadores activos que aportan al sistema previsional y de los jubilados será utilizada por otro organismo del Estado, en este caso la Secretaría de Comunicaciones Pública, dependiente de Jefatura de Gabinete.
No es ocioso recordarle al gobierno que esa información se recopiló para un uso específico vinculado a la actividad propia de la Anses y que además ni el Estado ni el gobierno son sus dueños sino cada uno de los ciudadanos que está en dicha base de datos.
Modernidad opaca
Es sabida la obsesión de la fuerza política que gobierna por la comunicación a través de las redes sociales. La actual impronta de dicha forma de comunicar va tomando un tinte de opacidad preocupante. Ejércitos de tuiteros pagos inician campañas para desacreditar a quienes tienen opiniones contrarias a las políticas gubernamentales, apelando a acusaciones que golpeen su buena imagen o fama, sean estos políticos, artistas, periodistas o cuanto bicho se les cruce por el camino. Le pasó a Sergio Massa, Marcelo Tinelli, Dady Brieva y Pablo Echarri, entre tantos otros. En la mayor parte de los casos apelan a niveles de descalificación y violencia verbal que excede lo tolerable.
Un tuitero se arrepintió y expuso públicamente la forma impúdica con que realizaron operaciones políticas para desacreditar a alguien o para convocar a participar de marchas opositoras bajo la apariencia de espontáneas auto convocatorias. También explicó como la cabeza de estas antipáticas huestes de “insultadores profesionales” estuvo ligada primero a Hernán Lombardi y luego a Patricia Bullrrich.
Se vienen los Trolls
Como si estuviéramos viviendo la fantasía de El señor de los anillos un día aparecieron los denominados Trolls Center actuando de manera coordinada desde diferentes cuentas de Twitter y Facebook para instalar una corriente de pensamiento o de opinión en una red social. Realizan para ello posteos simultáneos durante un tiempo corto a fin de inundar la red de manera que se incrementen las posibilidades de que el mayor número de personas pueda ver el contenido (100casi siempre malicioso).
Obviamente, quienes leen reiteradamente estos mensajes, en la mayoría de los casos bajo la forma de denuncias, terminan por dudar si son ciertas o no, con lo cual, desde el vamos, el daño fue causado. La emisión mecánica y sistemática de estos mensajes, casi siempre simples y primitivos, pareciera encontrar anclaje en la vieja consigna de repetir una mentira adecuadamente mil veces hasta que se convierta en una verdad.
Esta práctica se basa en un concepto perverso e inmoral: la propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas.
Desde ya que tal comportamiento es para nosotros repudiable sea quien sea que lo ponga en práctica. Creemos firmemente que debe desterrarse definitivamente de la acción política de nuestro país pues inevitablemente conlleva a la degradación de la lucha política a niveles peligrosos.
Es indudable que las redes sociales tienen un uso dual, por un lado contribuyen a que una información circule rápidamente y se difunda con amplitud y velocidad, pero también puede utilizarse para sembrar falsedades. Ahora bien, en cualquier caso transmiten tan solo un fragmento de la realidad. Si te muestran sólo una parte sesgada es imposible que puedas conocer íntegramente lo que está sucediendo, qué es verdadero y qué es falso. Y es por ello que debe tenerse suma prudencia en el uso que de ellas hace el Estado.
¿Que datos se transferirían para ser usados?: los de contacto como teléfono, correo electrónico y domicilio, a lo que hay que agregar, según trascendió, nivel de estudios alcanzado y la fecha de nacimiento, de lo cual se puede inferir el nivel de instrucción y la edad de cada ciudadano. Toda esta información sirve para segmentar a la población y dirigir focalizadamente distintos mensajes. La información de la Anses que pretenden utilizar para “mejorar la comunicación pública” permite acceder a los datos de 9 millones de personas que representan 4.700.00 cuentas de mail, 2.800.000 celulares y 3.240.000 líneas de teléfonos fijos.
Como dijimos, los únicos dueños de los datos son los ciudadanos y ningún gobierno puede arbitrariamente decidir si usa esa información para un fin distinto para el cual fue entregada.
Que nos vendan gato por liebre…
Cuando el Estado construye una base de datos, todos confiamos que será utilizada para mejorar las condiciones de los servicios que éste está obligado a brindarnos. Si es el gobierno de turno el que quiere migrar las bases para ser usadas por otros organismos públicos distintos del que recabó la información, bien puede pensarse que pueden ser usados para hacer propaganda política indirecta, a través por ejemplo de informarnos las obras que ese gobierno hace en una determinada localidad, que por casualidad, siempre es donde yo vivo. Pero cuando el gobierno está integrado por muchos gerentes de las principales empresas del país, quién me garantiza que un buen día esa enorme base de datos, que tiene un valor monetario incalculable, no va a ser usada en campañas de marketing o que no me van a querer vender un producto?
Sabemos por ejemplo que el gobierno nacional ha gastado un cifra millonaria en contratar empresas especializadas en lo que técnicamente llaman geolocalización de la comunicación, es decir, hacer un mapa para llegar a cada votante en forma directa, sabiendo dónde vive, qué edad tiene, qué nivel educativo posee y a que sexo pertenece.
Tal vez ahora, descorrido el velo de lo que es posible hacer podamos comprender los peligros reales a los que nos enfrentamos. Incluso cuando escuchamos a los funcionarios del gobierno minimizar el tema e intentar hacerlo pasar como una medida ordinaria cuyo único objeto es, como insólitamente calificaron algunos funcionarios, para “hacer el bien”, más incógnitas se nos generan.
Los habitantes de la ciudad de Buenos Aires viven desde hace tiempo resignados a escuchar mensajes de Rodríguez Larreta contándoles de las obras que hacen en su barrio, dicho sea de paso, casi siempre cosméticas al estilo “enrejamos la estatua de San Martín” o “cambiamos la mano de tal calle”, o para enterarse que tal día el ministro cual paseará por el barrio para enterarse de sus problemas.
Hace pocos días, los docentes nucleados en el gremio Suteba denunciaron que la gobernadora de Buenos Aires contrató una empresa para poner en marcha un observatorio analítico para controlar lo que los educadores dicen en las redes sociales. También en este caso el gobierno utilizó argumentos lavaditos afirmando que el objetivo es simplemente informarse sobre “las diversas problemáticas de la educación expresadas por los distintos actores de la comunidad educativa”. Resulta innecesario apelar a semejante mecanismo para enterarse de los problemas de infraestructura de que adolecen las instalaciones, la falta de cupos, el incesante crecimiento de los inscriptos para los comedores escolares, la no confirmación de nombramientos, el retraso en el cobro de los haberes o el atraso salarial en relación a la inflación, sin necesidad de espiar a los maestros.
Claro está que si esta actitud es llevada adelante por un gobierno está en riesgo la institucionalidad del país, la honra de las personas y poco contribuye a cerrar la grieta de que tanto hablan.
Es un deber del Estado proteger el derecho a la privacidad
El Estado debe ser extremadamente cauteloso y respetuoso con la información que los ciudadanos le confían. Durante los últimos años, la base de datos elaborada por la Anses ha sido protegida dedicando un gran esfuerzo por mantenerla segura y aportarle un mayor uso de las tecnologías en los procesos. El recinto de seguridad informática de la Anses es el más grande de la Argentina. Es un ámbito diseñado especialmente para resguardar datos de los más de 40 millones de argentinos, con un altísimo nivel de seguridad ante contingencias y al resguardo de sabotajes o acceso indebido.
Vemos con preocupación que desde Jefatura de Gabinete se utilice la base de datos de la Anses para fines encubiertos. Cabe señalar que ante un gobierno que nos señala constantemente estar “aprendiendo sobre la marcha”, no es exagerado alertarnos ante esta situación.
El riesgo que implica que los datos sean utilizados para funciones distintas a la misión que tiene el organismo previsional es altísimo. Debemos exigir un estricto respeto por los datos privados de cada persona, porque ello significa proteger la tranquilidad y confianza de todos.
