La situación en la que se encuentra la República Argentina en los juicios iniciados por los fondos buitres en las cortes federales de los Estados Unidos de América destaca enseñanzas dignas de tomar en cuenta por parte de nuestro movimiento nacional.
Hagamos en primer lugar un breve repaso de algunos hechos. Argentina comenzó un proceso de endeudamiento externo rápido y extendido en la segunda mitad de la década del 70’: en un momento de alta liquidez internacional, el gobierno militar argentino toma una seria de medidas de política económica que endeudan seriamente al país. Este proceso de endeudamiento que continuó durante 25 años tuvo dos crisis severas: en 1989 y en el 2002. En ambos años Argentina declara el default de la deuda pública. La situación de 1989 se negocia y resuelve en forma onerosa para el país. En 2002, el obstáculo a una solución negociada aparece en que la deuda es con cientos de miles de bonistas de todo el mundo y no con grandes bancos internacionales como era el caso en 1989.
La declaración del default de la deuda en 2002 era inevitable. El país caía en su más profunda crisis económica y social en 200 años de historia, con más de la mitad de la población bajo la línea de la pobreza. La moneda nacional era erosionada por títulos provinciales de menor valor. El Estado Nacional y la mayoría de los Estados Provinciales se encontraban en una situación de cesación de pagos, incluso con sus empleados públicos. La posibilidad de un salvataje internacional fue negado rotundamente por la administración republicana de George W. Bush. No había forma, aún si el Gobierno lo hubiese querido hacer, de pagar la abultadísima deuda en tiempo y forma. Luego de la devaluación de principios de año, el total de la deuda pública representaba 166% del PBI.
Lo paradójico de la situación es que la crisis económica del 2002 fue en parte consecuencia de políticas de austeridad que se implementaron desde 1998 en adelante para lograr conseguir refinanciar la deuda. Esas políticas fueron las que terminaron de hundir el país, y así la deuda que ya era difícil de pagar ahora era imposible. El FMI y el Departamento del Tesoro, en lugar de combatir la enfermedad, mataron al enfermo.
En 2005 y en 2010 se realiza una renegociación y canje de la deuda, y más del 93% de la misma se regulariza; esto es, Argentina vuelve a cumplir. Además, de 2003 en adelante el país casi no toma nueva deuda en el exterior y así los indicadores de nivel de endeudamiento caen estrepitosamente. Una porción muy pequeña del total de bonistas (1000,45%) que no habían entrado al canje inicia un juicio a Argentina en las cortes federales de los Estados Unidos, lo que cuestiona todo el proceso de canje y desendeudamiento iniciado en 2003.
¿Por qué lo cuestiona? En primer lugar, las sentencias de primera y segunda instancia (100falta el tratamiento por parte de la Corte Suprema, si es que el caso llega a esa instancia) implican un pago absolutamente desmedido a determinados bonistas (100los que iniciaron las demandas) en relación el resto de los bonistas que desde un inicio aceptaron una quita en los pagos de intereses y capital. Uno de los argumentos del Juez Griesa es que Argentina hoy está en condiciones de pagar lo que está en default, pero niega una realidad que es evidente: si Argentina pudo recomponer su economía y estar en condiciones de pagar es, centralmente, una consecuencia de la renegociación de deuda con quita incluida. Si todos los bonistas hubiesen actuado como los fondos buitres, no habría con qué pagarle a nadie. En definitiva, el fondo buitre aquí actúa como un “free rider”, se beneficia de decisiones que tomaron otros, sin asumir el costo de ello.
Esta inequidad creada por el Juez Griesa respecto al 93% de tenedores de los bonos es mucho más severa, a los ojos de cualquier observador neutral, que una quita parcial en la deuda del 0,45% de los fondos buitres. Tengamos en cuenta que estos fondos compraron estos bonos a valores ínfimos, ya en default. Incluso si ellos decidieran entrar al canje, ganarían millones de dólares respecto al precio de remate que pagaron por esos bonos. Pero la avaricia es un mal consejero.
La cuestión de fondo es que no existe a nivel internacional un esquema de “quiebra” o de “concurso de acreedores” de países, o sea de renegociación forzada de deuda soberana. Cuando una empresa se presenta ante un “concurso de acreedores” bajo la legislación comercial de cada país, la lógica es que si la empresa desaparece, nadie cobra nada y por lo tanto algunos acreedores son incluso forzados a aceptar quitas, a fin de garantizar la recuperación de la empresa y que algo se pueda cobrar.
Ante la ausencia de un esquema de “concurso de acreedores” a nivel internacional, lo único que se le acerca son los procesos de renegociación de deuda soberana como el que hizo Argentina, en 2005 y 2010. Si los fondos buitres terminan ganando la pulseada será muy difícil para cualquier país en el futuro lograr un proceso de renegociación de deuda ya que ningún bonista aceptará una quita con este precedente, y de hecho esto implica una seria amenaza a los mercados internacionales de deuda soberana.
Es interesante notar que en Estados Unidos existe un esquema de “bancarrota” para las deudas públicas de estados y de municipalidades. En una nota publicada recientemente en el The Financial Times se hace referencia al “doble estándar” que implica para la justicia federal de los Estados Unidos el tratamiento de los proceso de “concurso de acreedores” de estados y municipios de su propio país, respecto al tratamiento de deudas de otros Estados nacionales. En el caso más reciente, la corte aceptó la quiebra de la Ciudad de Detroit, que tiene una deuda de cerca de $18 mil millones de dólares con más de 100.000 acreedores. La propuesta de reestructuración que presentó en febrero del 2014 la Ciudad de Detroit implica un recorte del 80% en el valor nominal de la deuda. No es seguro que tal recorte sea aceptado por la mayoría de los acreedores, pero aún así la justicia federal tiene jurisdicción para resolver y obligar a los acreedores a aceptar el plan, lo que aparentemente sucederá.
Claro que a nosotros no nos sorprende en absoluto este doble estándar. En última instancia, los jueces federales de los Estados Unidos defienden los intereses de sus ciudadanos y sus instituciones, y cuando esos intereses se contradicen (100como es el caso de la Ciudad de Detroit) tienen que evaluar si el interés general de los habitantes de la ciudad es más relevante que el interés particular de los acreedores. Pero si deben decidir respecto a los intereses particulares de ciudadanos de su país contra los de un Estado extranjero, si somos realistas, es difícil esperar una mínima imparcialidad. Aún así, esperemos que la Corte Suprema de los Estados Unidos no actúe de la misma forma como lo han hecho hasta ahora los tribunales inferiores.
El “pecado original” de nuestro país fue arriar, desde 1976 y hasta la crisis del 2002, las banderas de la independencia económica y de la soberanía política. El interés nacional siempre tiene que estar por sobre todas las cosas, y emitir deuda aceptando una jurisdicción extranjera es claramente una contradicción de este principio. El caso de los fondos buitres nos demuestra que sin esas dos banderas, la de la justicia social nunca podrá alcanzarse.
Roberto Arias
Instituto Gestar
