27 de septiembre de 2016
Instituto Gestar

Los justicieros reemplazan a un Estado ausente

Pareciera que hacer justicia por mano propia se está convirtiendo en algo cada vez más habitual.

En estos días, en el municipio de Zárate, un carnicero aplastó con su auto a un hombre que un momento antes había robado en su negocio. Con una confusa idea de la legítima defensa, el comerciante lo persiguió a lo largo de cuatro cuadras, lo tiró de la moto y lo aplastó contra un semáforo. La gente que se encontraba en el lugar, comenzó a insultarlo y golpearlo, minutos después murió en el hospital. También, un remisero en José León Suárez desarmó a un hombre que le apuntó con un revólver y lo mató de tres tiros por la espalda. Estos dos casos se suman al del cirujano, que hace quince días mató de cuatro tiros a un joven que intentaba robarle el auto, quien también argumentó legítima defensa.

En principio, no podemos desconocer que las personas asesinadas tienen los mismos derechos que cualquier tipo de ciudadano. Una de las notas distintivas de las sociedades humanas, es que construyeron a lo largo del tiempo un sistema de códigos y leyes que deben ser respetados para poder vivir en sociedad. Por lo tanto, si un miembro de la comunidad comete un delito, cualquiera sea su gravedad, debe ser juzgado por los organismos previstos por las propias leyes que regulan el funcionamiento de la vida colectiva y se le deberá aplicar todo el peso de la ley, y eventualmente, si es encontrado culpable, cumplir una condena justa y ejemplar.

Lo contrario nos retrotrae a una etapa previa al contrato social que tácitamente todos aceptan a fin de que la sociedad no funcione bajo las reglas de la ley de la selva, es decir donde predomine la ley del más fuerte, pues ello es lisa y llanamente darwinismo social, concepción peligrosa que presupone que cada sujeto puede ejecutar la justicia de acuerdo a su subjetividad y a la fuerza que posea.

La legítima defensa es un mecanismo previsto por el mismo orden social para casos extremos que permite obrar en defensa propia siempre y cuando se den ciertas circunstancias puntuales: agresión ilegítima; necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. La agresión ilegítima se refiere a todo ataque injustificado, sin razón y sin derecho a un bien legalmente protegido (100vida, honor, bienes materiales). Para que esta condición se dé, no es necesario que la agresión se haya efectuado, bien puede ser la amenaza de dicho acto (100por ejemplo, que te apunten con un arma de fuego ya es razón suficiente) siempre y cuando el peligro sea actual e inminente. La racionalidad del medio empleado indica la necesidad de que exista una proporcionalidad en la defensa respecto del ataque del agresor. Esto no significa que deba existir igualdad de condiciones, sino que se debe buscar que la defensa no ocasione un daño mayor que el ataque o amenaza de ataque. Por ejemplo, tanto un cuchillo como un revolver son proporcionales porque pueden producir muerte. Este punto depende de muchos factores, como ser el entorno, la situación, las características físicas de los involucrados, etc. Todos estos datos sirven para definir si hubo racionalidad del medio empleado o hubo un abuso en la defensa (100lo cual es penado). La falta de provocación suficiente por parte de quién se defiende es el tercer punto para que exista legítima defensa. Esto significa que el defendido no debe haber provocado la reacción del agresor ya sea con insultos, empujones, etc. Finalmente es necesario aclarar que si bien para nuestra legislación rige el principio de inocencia (100todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario), en el caso de la legítima defensa quién se defendió deberá probar que estaba en su derecho de hacerlo. Resumiendo Tenemos derecho a defendernos físicamente siempre y cuando nos estén agrediendo o nos amenacen con un daño severo, usemos nuestra violencia para parar el ataque y nada más, y no hayamos provocado la situación de agresión.

Salvo este caso previsto expresamente, siempre deberá ser el Estado quien debe imparta justicia, si tengamos la pretensión de vivir civilizadamente.

Entendemos que cuando ciertos sectores de la población pretenden hacer justicia por mano propia, no hacen sino repetir las condiciones de desigualdad; entendiendo que hay vidas que valen más que otras.

Por otra parte, es preciso comprender que vastos sectores de la sociedad sufren hechos de inseguridad a diario colocándolos en una situación de indefensión, pero también es preciso comprender que existen otras formas de violencia que se invisibilizan y que hacen a la creciente desigualdad social en la que muchos niños y jóvenes se crían como pueden, en medio de condiciones de vida indignas, agravadas en el presente por la falta de políticas inclusivas del Estado, se trata de individuos obligados a sobrevivir en territorios donde las reglas no las pone el Estado, sino el narcotráfico, de personas que deben cargar sobre sus hombros con la estigmatización que sufren a través del discurso discriminatorio que circula en una parte importante de la sociedad, fomentando así una división entre ciudadanos “de primera” y “de segunda”.

Luego de estos lamentables hechos, el presidente Macri, declaró que “si no hay riesgo de fuga porque es un ciudadano sano, querido, reconocido por la comunidad, él debería estar con su familia tranquilo, tratando de reflexionar todo lo que pasó, mientras la Justicia decide por qué pasó, por qué sucedió esta muerte que tuvimos”.

Esta intencionada declaración del Presidente es sumamente peligrosa. Si la máxima autoridad estatal omite cualquier tipo de condena o cuestionamiento sobre lo ocurrido, habilita a creer que la justicia por mano propia no es algo tan grave. Instala en la conciencia social de amplios sectores la “otredad”, el otro, ese que es marginal, que no es nada, puede ser linchado, golpeado, atropellado, en definitiva se lo puede matar. Como decíamos, de ahí a la ruptura del contrato social no hay ni un paso.

Los dirigentes políticos y sociales tienen la responsabilidad de ser mesurados y de defender los principios rectores que permiten la convivencia pacífica de una comunidad. De ninguna manera es admisible, en hechos de esta envergadura, tener posiciones demagógicas pues si ellos no señalan los principios básicos del comportamiento social, este se comenzará a desdibujar muy velozmente.

La falta de reglas lleva a que los pueblos se comporten irracionalmente, movidos por pasiones que no encuentran freno, y cuando actúan como turba provocan hechos irreparables de los que se hace muy difícil volver. Un ejemplo puede aclarar el punto: en el caso de Zárate puede verse cómo una vez que el delincuente es atropellado y yace inerte en el suelo, es agredido de palabra y a los golpes, tanto por el carnicero como por vecinos que se acercaron al lugar. Las multitudes tienen comportamientos, en ciertas ocasiones, que no se guían por el sano juicio sino por instintos primarios. Recordemos el caso del militante del PRO Peter Robledo, quien confundido como un kirchnerista fue agredido violentamente por sujetos de su propio partido.

Pero además, mensajes como el que emitió el presidente tienen doble vía. Así como la víctima de un hecho delictivo puede sentirse con derecho a comportarse como un justiciero y arrogarse el derecho de aplicar la justicia por sí mismo, una persona que, por ejemplo, no tiene trabajo, que vive en los márgenes de la sociedad, que debe cotidianamente sufrir la imposibilidad de soñar un futuro mejor para sí y para su familia puede también decidir que la situación en que se halla es producto de una poderosa injusticia y puede eventualmente creerse con el derecho de apropiarse de lo que necesita para vivir sacándoselo a otro y, si fuera el caso, hasta de matar a ese otro si opusiera resistencia. Esta lógica perversa se convierte así en un círculo vicioso dentro del cual quedan atrapados todos los integrantes de una sociedad que decida romper las reglas básicas de la convivencia y la negación de la legitimidad de los órganos diseñados y creados para evaluar los hechos e impartir esa justicia que, en definitiva, todos reclaman.

Todo esto nos introduce finalmente en el meollo de la cuestión, que no es otro que la necesidad de que el Estado tenga una política integral y protectora de todos los ciudadanos. Ello implica que debe garantizar la existencia de fuerzas de seguridad profesionales y serias que prevengan la comisión de los delitos, de una justicia que, producido un delito, actúe con la velocidad que cada caso aconseje, y la aplicación de políticas públicas que garanticen las distribución de la riqueza equitativamente entre todos los miembros de la comunidad. Esta es la única forma en que se podrá garantizar que la sociedad argentina evite el camino de su desintegración como proyecto de vida colectivo.

La violencia y la muerte no pueden ser moneda corriente, el Estado debe asumir sus responsabilidades.

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