5 de septiembre de 2014
Instituto Gestar

Los mercados de capitales del mundo se protegen contra los fondos buitres

 

Sabido es que el argumento presentado por el juez estadounidense Thomas Griesa para convalidar el reclamo de los fondos buitres contra la Argentina se basa en una sumamente cuestionada interpretación del principio de pari passu, una locución latina que en situaciones concursales de quiebra de empresas se utiliza para expresar que los acreedores son todos iguales y que la redistribución del capital que se pague se hará sin preferencias entre ellos.


Bajo la lógica ilógica del juez neoyorquino, la Argentina pasó por encima de los “sanos intereses” de este reducido grupo carroñero que en busca de rendimientos exorbitantes despreció los canjes de 2005 y 2010 que sí fueron acogidos por la amplia mayoría de los bonistas afectados.

Incontables expertos de la iniciativa privada pero también de organismos internacionales como la ONU, la OEA y el propio FMI, han manifestado su sorpresa porque luego del rotundo fracaso de otras 900 causas judiciales y 80 intentos de embargo en el mismo sentido, este fallo judicial contraviene el orden financiero mundial y, lo que es más, mantiene en rehén al 93% de los bonistas originales que confiaron en la Argentina desde siempre y que no pueden hacerse del dinero que les corresponde porque Griesa se lo ha impedido a los agentes de pago como el Banco de Nueva York (100BoNY).

Pese a que en el propio Estados Unidos existe una ley de bancarrota para empresas privadas que especifica claramente que es suficiente que la mayoría de los acreedores acepten una propuesta de reestructuración para que éste tenga pleno reconocimiento legal, y pese a que en febrero de 2014 el sistema judicial estadounidense había aceptado la propuesta de la Ciudad de Detroit para reestructurar su deuda pública con una quita equivalente al 80% de su valor nominal incluso cuando no es seguro que este canje fuera a ser aceptado por la mayoría de los acreedores, Griesa se justificó ante el mundo diciendo que en ausencia de una Cláusula de Acción Colectiva (100CAC) que especifique claramente la obligación de respetar el deseo de la mayoría, la Argentina debía acatar su extorsión judicial.

Así, en este ambiente crispado donde la falange del ala derecha embiste constantemente con falsas acusaciones vertidas por la American Task Force Argentina (100AFTA), el principal grupo de presión de los fondos buitres que inunda de dinero las campañas políticas republicanas en Estados Unidos a cambio de que apoyen sus intereses, y por The Wall Street Journal (100un diario de reconocida tendencia derechista), los argentinos somos víctima de una guerra de baja intensidad donde el stablishment mediático nos bombardea constantemente con primeras planas entreguistas y comentarios de “opinólogos” cuya desfachatez es directamente proporcional a su grado de ignorancia. Sobra mencionar ejemplos, pero es claro que la corriente apunta a hacernos creer que lo “serio” es pagar sin más para no ser un Estado paria ni el hazmerreír del mundo.

Sin embargo, tenemos que preguntarnos por qué, si Cristina y el Gobierno Nacional están “tan errados” en su postura, la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (100ICMA, por su sigla en inglés) adoptó hace unos días una nueva normativa en los procesos de reestructuración de deuda soberana con el objetivo explícito de proteger a sus 450 miembros de 52 países de injusticias como la que enfrenta la Argentina.

En un comunicado pronunciado desde Suiza, este organismo internacional fue categórico: “La interpretación dada a la cláusula pari passu en el litigio de Argentina ha causado incertidumbre considerable para futuras reestructuraciones de deuda”, por lo que “consultas detalladas con nuestros miembros y otros representantes del sector público y privado han llevado al desarrollo de tecnología legal mejorada que hará más ordenado y eficiente las reestructuraciones de deuda soberana posibles en el futuro”.

Por ello, “la nueva provisión de pari passu de ICMA detalla claramente el alcance de su aplicación, reduciendo así el riesgo de que la cláusula pari passu sea una base para interrumpir futuras reestructuraciones y elevando la preocupación con la equidad entre acreedores”. Además, en lo referente a las CACs, los nuevos estándares aplicados “proporcionan una solución práctica al problema de bloquear a minorías a través de la inclusión de mecanismos de agregación, que permiten votar a través de múltiples emisiones de bonos”.

La esencia misma de la preocupación internacional por la transgresión legal del fallo de Griesa la podemos resumir en las palabras de Lelan Goss, consejero general de ICMA: “Las consecuencias adversas potenciales a nivel global de la deuda en default y reestructurada de Argentina demuestran la importancia de tener términos de contrato claros e inequívocos para bonos soberanos”.

Es claro entonces que el mundo financiero se prepara para protegerse de la ola de reclamos judiciales que desatará el fallo de Griesa de no llegarse a una solución consensuada, justa y equitativa. La situación no es fácil porque son muchos los intereses en juego, pero por el momento el Gobierno Nacional está haciendo su parte con la aprobación de la nueva ley que permitirá que los tenedores de bonos reestructurados puedan cobrar en la Argentina o Francia y que el país siga honrando como hasta ahora sus compromisos soberanos.

 

David Chagoya

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