15 de julio de 2016
Instituto Gestar

Más que en patas nos van a dejar en bolas

Otro error, y van…

El pueblo se manifestó para frenar la suba de las tarifas. El jueves 14 de julio se hizo escuchar en todo el país la convocatoria para protestar contra el aumento impuesto por el presidente Macri.

Frente al improvisado incremento es necesario que las autoridades nacionales escuchen las voz del pueblo argentino y trabajen para rehacer el cuadro tarifario de los servicios públicos.

El incremento de las tarifas de gas, electricidad y agua se ha implementado al mismo tiempo llevando los importes a las nubes. Pero no debemos perder de vista que se suman a los aumentos de naftas, prepagas de salud, colegios particulares, transporte público y, sobre todo, alimentos.

El resultado de semejante desenfreno es el empobrecimiento general de la sociedad y especialmente de los trabajadores y de la clase media.

La rueda comenzó a girar en sentido inverso como resultado de las primeras medidas económicas que tomó el gobierno, como ser la quita de las retenciones a las compañías mineras, la baja o eliminación de las retenciones que se aplicaban al agro,  la devaluación sin anestesia que produjo de un día para el otro y la apertura de las importaciones, entre otras.

Ahora bien, en materia de energía es reconocido mundialmente que se trata de un servicio público esencial y que por tanto el Estado tiene que garantizar las condiciones para que todos los ciudadanos accedan al mismo. Para el peronismo, es un derecho social, y por tanto es necesario y obligatorio que las políticas públicas diseñadas en la materia garanticen las condiciones económicas para que todos tengan la posibilidad de su uso.

La realidad es que el tarifazo resultó el último mazazo al bolsillo de los argentinos que torna casi imposible una vida digna, en tanto implica llevar a la mayoría de la sociedad a comenzar a priorizar sus consumos irracionalmente. Todos los hogares se ven hoy en la encrucijada de optar entre ir al supermercado, pagar el colegio de sus hijos, la obra social de salud o pagar el gas, la electricidad o el agua.

Creemos que en primer lugar cualquier cuadro tarifario que se quiera implementar debe tener en cuenta las condiciones climáticas de las diversas regiones del país pues no puede aplicarse el mismo precio a los argentinos que viven por ejemplo en la zona patagónica, que deben soportar condiciones de vida severas a causa del frío, que a quienes viven en la Mesopotamia con otras temperaturas y que por tanto hacen usos diferenciales de las diversas fuentes energéticas.

Tampoco puede escindirse el precio de un servicio público de la capacidad de pago de los usuarios. Si todo aumenta y los salarios quedan rezagados como ocurre actualmente, en que estos últimos han perdido ampliamente la carrera por igualarse a la inflación, es imposible que los asalariados puedan pagar las astronómicas facturas que el gobierno quiso imponer “manu militare”, sin consultar a los partidos de la oposición, a las organizaciones sociales o a las asociaciones de consumidores, y sin explicar claramente el motivo de semejantes aumentos.

En tal sentido, es preciso advertir que el mismo gobierno dio marcha atrás fijando un tope del 400% de aumento a los consumos hogareños y del 500% a los comercios e industrias. Si con esta limitación aún se cumple con el objetivo de garantizar la rentabilidad de las empresas del sector involucradas, entonces cuando el aumento oscilaba entre 1500% y 2000% ¿que se quería hacer?: ¿garantizar un rentabilidad extraordinaria a estas empresas? o ¿continuar con la brutal transferencia de recursos de los sectores populares y medios hacia los sectores más ricos de la sociedad? Porque tengamos claro que en esencia de eso se trata, la plata que nos sacan de nuestro bolsillo va a parar a otro bolsillo.

Una pregunta que nos hacemos es cómo en plena recesión económica se puede suponer que los hogares, los comercios y las industrias pueden resistir semejantes aumentos. El resultado está a nuestra vista cotidianamente: despidos, suspensiones, cierre de comercios, empresas Pymes que entran en crisis, paralización general del consumo.

Obviamente la filosofía del actual gobierno parece no tener muy en cuenta el achicamiento económico que sus medidas produce. Tampoco parece importarle que una parte mayoritaria de la sociedad se haya pronunciado en contra de este ajuste o que la justicia se haya expedido suspendiendo los incrementos. Tal vez por ello el ministro Aranguren nos propuso como única solución reducir el consumo de energía y aumentar su precio sideralmente, después de notificar a la sociedad que estamos en una crisis energética de la que nadie sabía que existía, ni el propio gobierno aparentemente, pues de ello comenzó a hablar cuando los “perros chumbaron”.

En definitiva, en un contexto económico recesivo e inflacionario la suba de las tarifas perjudica gravemente a quienes más requieren la presencia del Estado y como peronistas, nuestra prioridad será siempre la defensa de los sectores populares y el cuidado de las familias. Por ello proponemos que desde el Congreso Nacional se discuta la inmediata suspensión del tarifazo y se obtengan los consensos necesarios para establecer una tarifa justa, accesible y progresiva.

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