Esta ley establece la movilidad o aumento de las jubilaciones dos veces al año, en marzo y septiembre, y comprende todas aquellas jubilaciones, pensiones y prestaciones incluidas en el Sistema Integrado Previsional Argentino (100SIPA), el sistema de jubilaciones y pensiones recuperado por el Estado argentino, eliminando el régimen de capitalización de las AFJP y dotando nuevamente al Estado de autonomía y capacidad de dirección de los fondos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. El organismo encargado de administrar estos fondos es la Administración Nacional de la Seguridad Social (100ANSES) a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, creado en 2007 a fin de garantizar el adecuado círculo virtuoso entre crecimiento económico y el incremento de los recursos de la seguridad social.
Más allá de las sustanciales mejoras en los haberes jubilatorios, que ya suman más de 107,87% desde la puesta en marcha de la ley de movilidad, el nacimiento del SIPA junto a la ley de movilidad jubilatoria implicó, una nueva concepción, desde el Estado, de la clase trabajadora.
El sistema de capitalización representaba una contribución individual sin ningún tipo de vinculación de los trabajadores entre sí, símbolo de una época signada por el individualismo y la fragmentación social típica del sistema de valorización financiera donde el trabajador perdió capacidad de relacionamiento con sus pares, a partir de la destrucción del aparato productivo, y con el gobierno que, ante el simple dilema de gobernar para el mercado o para el Estado, dirigió sus iniciativas políticas para beneficiar al primero y desfinanciar al segundo.
El sistema de reparto implicó una vuelta, más no un retroceso.
Una vuelta al sistema de solidaridad instaurado en el primer peronismo a través de las cajas de jubilaciones de diferentes ramas de actividad, pasando del 7% de trabajadores afiliados a una caja de jubilación a la totalidad de la población activa cubierta aportante, en menos de una década.
Pero, desde la política social y de la capacidad que tiene el gobierno para interpretar el escenario económico y social, este sistema significó una vuelta al modo de entender al trabajador y las relaciones que se establece entre activos y pasivos a través del sistema previsional.
El SIPA está compuesto por los aportes que realizan los trabajadores y trabajadoras y por impuestos de distinto tipo y orden que abonamos todos los argentinos a lo largo y ancho de nuestro país. Se lo llama también sistema solidario de reparto, debido al tipo de relaciones de solidaridad establecida entre trabajadores activos y pasivos a partir del modo en que se aporta al sistema ya que, en este régimen, los trabajadores en actividad del presente contribuyen a un fondo que se distribuye, como haber jubilatorio, entre los trabajadores pasivos –jubilados- del presente. En nuestro caso, a estos aportes se suman aquellos provenientes del Estado por afectación específica de determinados impuestos.
Decididamente, esto nos habla de un nuevo paradigma de política social y de seguridad social que está generando nuevos lazos de relaciones de solidaridad entre trabajadores y entre éstos y el Estado, que hoy tiene la dirección política de distribución de recursos estatales, en este caso previsionales, para mejorar la calidad de vida y la distribución de ingresos en nuestro país.
Maira Bernis
