Hace poco más de un año atrás, el 20 de octubre de 2015, Mauricio Macri visitaba, en uno de sus últimos actos de campaña, Los Piletones, el comedor de Margarita Barrientos. No fue casualidad que en el montaje de una campaña basada en elslogan de la “pobreza cero”, el entonces candidato a presidente se mostrara en el lugar que más próximo a las políticas sociales lo colocaba. En esta oportunidad, como en casi todas, no solo recordó su objetivo de alcanzar la “pobreza cero” sino que además enfatizó sobre su deseo – porque, a esta altura del partido, en el mejor de los casos, solo fue una gran expresión de deseo- de “construir una Argentina con igualdad, con federalismo en serio y con oportunidades de progreso para todos”.
Pero, a las palabras se las lleva el viento, y como solemos decir los peronistas, “la única verdad es la realidad”. Por estos días, el tan utilizado slogan del Pro se ha convertido en una suerte de boomerang que les vuelve en contra a Macri y a todos los funcionarios de su gobierno, cuando a diez meses de gestión la pobreza no solo no ha disminuido sino que ha aumentado considerablemente.
Según datos del INDEC, basados en la EPH sobre la población total de 31 aglomerados urbanos a nivel nacional, “durante el segundo trimestre de 2016, se encuentran por debajo de la Línea de Pobreza (100LP) 2.022.000 hogares, los que incluyen 8.772.000 personas. En ese conjunto, 425.000 hogares se encuentran, a su vez, bajo la Línea de Indigencia (100LI), que incluyen a 1.705.000 personas indigentes”. Esto es: el 32,2% de la población argentina se encuentra bajo la línea de pobreza y un 6,3% es indigente.
Por estos días, muy lejos de la foto de un año atrás en Los Piletones, hasta la propia Barrientos declaró que “hoy hay más pobres que nunca” y, ante la realidad que atraviesa el país, pidió “urgentemente una reacción del gobierno y de mucha gente que está a su alrededor".
Políticas sociales en tiempos de Macri
Cuando hablamos de “políticas públicas” entendemos que se trata del conjunto de objetivos, decisiones y acciones concretas que lleva adelante un gobierno para solucionar determinadas problemáticas que, tanto para él como para los ciudadanos, resultan prioritarias. Sin embargo, claro está, a veces las prioridades del gobierno no resultan ser las mismas que las del pueblo.
En diez meses de gobierno, Cambiemos resolvió una serie de medidas económicas que incluyen la quita de retenciones, el acuerdo con los fondos buitre, la quita de subsidios, el aumento de tarifas de servicios públicos y la apertura del “cepo” cambiario. A lo que debemos sumar, la aceleración inflacionaria, la bicicleta financiera, la falta de inversiones, la caída de la actividad industrial, la pérdida del poder adquisitivo del salario real de los trabajadores y el aumento de la tasa de desempleo.
En este contexto, las prioridades del Gobierno están a la vista. No hace falta revisar la ejecución de gastos de los distintos ministerios dentro del Presupuesto 2016, para observar que prima un plan de ajuste general, que deja rezagada la importancia merecida a las políticas sociales, cuyo gran objetivo es el de atender y contener a los sectores más vulnerables.
Argumentando que la situación económica y social compleja que atraviesa el país es producto de la “pesada herencia”, recién para el 2017 el Gobierno se propone seguir los lineamientos del Plan que planteó desde su asunción: generación de empleo y reducción de la pobreza. Para lograr esto, el destino primordial del gasto en 2017 será, entre otros, el de la seguridad social (100incluyendo la movilidad previsional, las asignaciones familiares, el pago de juicio a jubilados y la actualización de haberes).
Semanas atrás, Triaca, el Ministro de trabajo, luego de un encuentro de negociación con la CGT, anunció que “se otorgará una suma de 1.000 pesos a los jubilados que cobran el haber mínimo -que se extenderá a quienes cobran la Asignación Universal por Hijo- y se eximirá hasta 15 mil pesos el pago del impuesto a las Ganancias sobre el medio aguinaldo para los salarios hasta los 55 mil pesos brutos”. Si bien esta medida intenta ir en el sentido de “contener a los sectores más vulnerables”, tal como señala el propio ministro, la realidad es que se trata de una respuesta en función de la clara presión de la central de los trabajadores frente a la amenaza de un paro general.
Muy lejos de lo que proponía la plataforma de campaña, que sostenía que “la política social se concentrará en la ejecución de mecanismos de provisión de bienestar con el objetivo final de crear pisos mínimos de igualdad que se impongan por sobre las diferencias sociales de carácter estructural”, las escazas acciones llevadas a cabo por el Estado son apenas un mecanismo de descompresión social frente a la coyuntura económico social actual más que a una verdadera política de estado a favor de los más vulnerables.
La vista gorda
Un año atrás, en el contexto de las elecciones presidenciales, el equipo de comunicación de Macri hizo todo lo posible por posicionar al entonces candidato como un funcionario preocupado por los sectores más desplazados de la sociedad. No solo ha instalado la supuesta intención de alcanzar la “pobreza cero” sino que además, lo ha mostrado cercano a aquellos sectores sociales más desprotegidos.
Hoy, la visión de la realidad parece dejar afuera a aquellos sectores que más necesitan de la presencia del Estado. No solo no son una prioridad para el Gobierno sino que además, se ha avanzado fuertemente en la destrucción de las redes de contención y el cierre de programas sociales, a lo que debemos sumar la inexistencia de políticas sociales reales y efectivas que contengan a ese más del 30% de la población argentina que hoy se encuentra bajo la línea de pobreza.
Dos casos emblemáticos en materia social que ejemplifican estas políticas son el Plan Qunita y el plan Conectar Igualdad, del Ministerio de Salud y de Anses, respectivamente. El primero, lanzado en 2015, durante los seis meses que funcionó distribuyó un total de 74.408 kits a 289 maternidades del país. Mientras el ministerio de Salud ha tomado la determinación de suspender el programa, por considerar que las cunas eran "inseguras" para los bebés, el juez federal Bonadio dio la orden de que se quemaran alrededor de 60 mil cunas.
Por su parte, Conectar Igualdad actualmente también está siendo desmantelado, tras lograr una significativa reducción de la brecha digital para alumnos de todo el país, distribuyendo más de 5 millones de netbooks desde su lanzamiento en 2010. Apenas iniciada la gestión, el gobierno de Macri despidió a más de 1.000 empleados del programa. El remanente de un aproximado de 100 mil computadoras que dejó el gobierno anterior, fue todo lo que entregó la actual administración de la Anses en lo que va del año, habiendo pasado más de la mitad del ciclo lectivo. Hasta el momento, solo se ha puesto en marcha una nueva licitación para la compra de 250 mil computadoras, por lo que la mayoría de las escuelas ya ha perdido el año.
Mostrar la hilacha
Hace unos días atrás circuló una publicación gráfica de las UDAIs (100Unidades de Atención Integral) de Anses que despertó la polémica. El flyer tenía por finalidad brindar información sobre el calendario de pagos a los beneficiarios de las Asignaciones familiares, por un lado, y de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el Progresar, por otro.
Con un sesgo ideológico conservador liberal, desde Anses dan difusión a una publicación en donde la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el Progresar tienen como imagen referencial a una mujer soltera, de tez oscura, con dos niños. Mientras que, la Asignación familiar es representada con una fotografía de una mujer de tez blanca, pelo rubio y acompañada por un hombre.
Sin observar con demasiado detalle, a primera vista, la publicación deja ver algo más. En todo discurso existe la intencionalidad y la no-intencionalidad. Cuando vemos este tipo de gráficas, entendemos que si bien no apuntan a mostrar el carácter limitado y clientelar con el que miran a las políticas sociales, la ideología se les escapa, se les filtra.
Con una selección poco ingenua de las imágenes que acompañan al texto, dejan al descubierto una concepción conservadora de los derechos sociales y por qué no del gasto público. Desde un organismo cuya responsabilidad es procurar la seguridad social de millones de argentinos, se colabora, de este modo, en la reproducción de un sistema desigual donde las posibilidades de acceso a los derechos se ven restringidas a partir de condiciones materiales de existencia.
Desde esta perspectiva, la madre soltera de dos niños, descontextualizada –la imagen la ubica sobre un fondo blanco- solo puede acceder a determinados derechos como la AUH; mientras que, la madre acompañada de un hombre, con un solo hijo, en el contexto de una casa en construcción, puede acceder a la “Asignación familiar”.
En este sentido, las políticas públicas que deberían apuntar a construir una sociedad más justa e igualitaria, conteniendo a los más necesitados, desde la mirada del Gobierno son un elemento colaborador más en la profundización de las desigualdades sociales; ya que desde lo simbólico y material, alimentan un acceso desigual a los derechos sociales, sostenido en un desigual acceso a la riqueza.
