3 de julio de 2013
Instituto Gestar

Nuevos derechos

En este sentido, se desarrolló un nuevo Documento Nacional de Identidad (100DNI) para todos los habitantes del país, con características modernas, con las últimas medidas de seguridad a nivel internacional y con desarrollos tecnológicos propios. El costo de los nuevos DNI está al alcance de todos y es absolutamente gratuito para los recién nacidos, porque es un objetivo del Estado que todos tengamos acceso al derecho a la identidad. Y no solamente los argentinos, ya que se han realizado los esfuerzos necesarios para que la misma agilidad y el acceso a derechos estén al alcance de todos los extranjeros que vengan a radicarse en nuestro país. El nuevo DNI es más seguro, más práctico, más rápido de obtener y es entregado en los domicilios. Desde 2010, cuando se implementó, han sido entregados más de 20 millones de documentos nuevos en todo el país.


Sumado a esto, el Gobierno Nacional implementó un nuevo pasaporte, de producción íntegramente nacional, que incorpora un chip con datos biométricos de última generación que lo pone a la vanguardia mundial. La década ganada también nos brindó las herramientas necesarias para tener acceso a la información y a la comunicación en un pie de igualdad, sin distinción de credos ni fortunas, haciendo realidad el compromiso peronista de alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación.
Para democratizar los medios de comunicación, un hito clave fue la sanción de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (100SCA), impulsada por Cristina a los efectos de equilibrar el poder de las empresas de esta industria en los mercados de producción y consumo de contenidos audiovisuales. Esta ley tuvo como carácter distintivo la enorme participación ciudadana a través de representantes de las provincias, universidades, asociaciones profesionales y empresarias en un debate que duró casi dos años, lo que permitió llegar a un consenso con amplia legitimidad, y fue aprobada mayoritariamente en ambas cámaras.
Cristina retomó elementos que desde hacía años empezaron a elaborar diversas organizaciones sociales y económicas vinculadas a la comunicación audiovisual que estaban preocupadas por el alto grado de concentración monopólica que se daba en este segmento, en el contexto de una Ley de Radiodifusión impuesta por la dictadura cívico-militar que asaltó el poder constitucional en 1976 y que, además de ser autoritaria, se encontraba desactualizada en sus conceptos regulatorios.
Los contenidos de la ley fueron rechazados y cuestionados desde el principio por las empresas de multimedios porque las mismas superaban los nuevos límites a la concentración. El Grupo Clarín, la empresa hegemónica de concentración, puso en marcha una verdadera cruzada contra la ley durante su proceso de elaboración, que continuó con más fuerza aun después de su sanción. Esta campaña se centró en la judicialización de la ley, cuestionando la constitucionalidad de varios de sus artículos, en especial el que obliga a la desinversión, logrando bloquearla mediante medidas
cautelares.
Dentro de las modificaciones que introduce la norma se destacan, por ejemplo, el cambio de la concepción del televidente de consumidor a ciudadano; según esta concepción, el acceso a las nuevas tecnologías, a la información y a las comunicaciones constituye un derecho universal; se pone límite al número de licencias que puede explotar un mismo licenciatario en cada ciudad o área de cobertura y en todo el país; se incorporan las organizaciones sin fines de lucro como posibles licenciatarios, y se garantiza la más amplia libertad de expresión, porque no se contempla la censura previa de ningún contenido informativo o artístico.
En forma paralela a la ley, el Estado Nacional estableció la Televisión Digital Abierta (100TDA) como una red federal integradora y desde el Consejo Asesor del Sistema Argentino de la TDA ha tomado la iniciativa de fomentar el acceso a la tecnología digital y la creación de contenidos.
En el ámbito de la cultura una de las acciones que podemos destacar es la creación del canal Encuentro, que actualmente alcanza a una población de más de seis millones de hogares con una programación que cubre las veinticuatro horas. Desde su concepción, se trabajó con la firme convicción de las capacidades que tiene el Estado para desarrollar una nueva televisión educativa y cultural que construya ciudadanía y permita la “creación de una audiencia reflexiva y crítica”.
Por otro lado, luego de años de políticas neoliberales que fueron desgastando las capacidades de las instituciones, para 2003 muchos argentinos habían dejado de creer en la política y de confiar en la Justicia, identificada con los intereses de los gobiernos de turno. En un ambiente sumamente crispado por el famoso “¡Que se vayan todos!”, Néstor detectó la necesidad de devolver a la Corte Suprema de Justicia las obligaciones y funciones para las que había sido creada, para lo que emprendió un proceso de cambio que trajo nuevos aires al máximo tribunal.
En el marco de estas modificaciones, Néstor firmó el decreto 222/03, que limitó al Poder Ejecutivo en la selección de los nuevos jueces supremos, estableció la publicidad de sus antecedentes, la posibilidad de impugnarlos y las audiencias públicas para que la sociedad civil debatiera con ellos y conociera sus opiniones y puntos de vista. Las flamantes designaciones debían reflejar “las diversidades de género, especialidad y procedencia regional”.
Así, con ese nuevo modelo el Gobierno Nacional cumplía el reclamo de años y atendía la propuesta que un grupo de reconocidas y prestigiosas organizaciones no gubernamentales había volcado en un documento conocido como “Una Corte para la democracia”. Tiempo después, también tomó de ellos la idea de reducir el número de integrantes del tribunal (100de nueve a siete).
Durante el mandato de Néstor también se hizo una primera modificación al Consejo de la Magistratura, que fue reimpulsada por el gobierno de Cristina en el marco de la democratización de la Justicia. Pero las reformas propuestas por la Presidenta superan lo meramente formal, ya que se basan en seis puntos clave para la democratización de la Justicia y transparencia de este poder que por décadas nunca fue cuestionado.
Todo esto es necesario de cara a los avances de nuestra sociedad y su historia:
límites para las medidas cautelares en contra del Estado; publicidad de los actos del Poder Judicial; ingreso democrático a la función judicial; ampliación de los miembros del Consejo de la Magistratura y cupos de heterogeneidad de sus miembros; creación de tres nuevas cámaras de casación, y publicación de declaraciones juradas de todos los funcionarios públicos.
Asimismo, con la finalidad de democratizar la vida política del país, Cristina promovió la Ley de Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (100PASO), destinada a regular la forma en que los partidos políticos deben seleccionar los candidatos que presentarán para las elecciones generales a cargos legislativos y ejecutivos a nivel nacional. El objetivo de la misma fue fortalecer el perfil ideológico y el poder orgánico de los partidos políticos y de su militancia organizada de cara al conjunto de la población, al tiempo que resta poder al dinero en las campañas y en la construcción de candidaturas al margen de la orgánica de los partidos.
Lo anterior se expresa a través de varias medidas: al ser abierta y obligatoria para todos los ciudadanos registrados en el padrón electoral, oxigena la vida interna de los partidos porque los dirigentes deben dirimir sus diferencias de cara a toda la población y no en un círculo cerrado, e inversamente obliga a todos los ciudadanos a no ser indiferentes, pues deben elegir un perfil ideológico partidario definido; todos los partidos deben invertir 30% de los fondos que reciben del presupuesto público en la formación de sus dirigentes y militantes; durante las campañas electorales primaria y general no se permite la inversión privada en radio y televisión, en tanto se otorga a todos los partidos en forma igualitaria espacios gratuitos en los medios audiovisuales, etcétera.
Esta ley se aplicó con éxito en agosto de 2011 para la selección de candidatos a diputados y senadores nacionales y a presidente de todos los partidos, y se aplicará para la campaña de renovación parcial de legisladores nacionales que tendrá lugar en agosto de este año.
Con relación a los derechos humanos, desde el primer día de su gobierno Néstor comenzó a promover su defensa sobre la base de una política de memoria, verdad y justicia. Esta política tomó como marco de referencia toda la actividad que desde la época de la dictadura habían llevado adelante las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo y la organización HIJOS, brindándoles a estas entidades una visibilidad ante el conjunto de la sociedad que ningún gobierno constitucional les había otorgado.
La política de derechos humanos y la acción contra la impunidad de que aún gozaba la mayoría de los ejecutores del terrorismo de Estado tomó nueva dimensión con la adhesión a la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, impulsada por Néstor y ratificada por el Congreso.
En este contexto, el Gobierno Nacional promovió la derogación de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida y del decreto de indulto a las Juntas Militares juzgadas y condenadas. El resultado de esta acción fue la reanudación de una serie de juicios a represores, que estaban paralizados, y el inicio de muchos nuevos, dándose especial impulso a la iniciativa de recuperar a los hijos de los ciudadanos desaparecidos que fueron apropiados en los centros clandestinos de detención.
Una acción pública que reforzó la política de derechos humanos y anunció el fin de la impunidad para los represores fue la orden que dio Néstor, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, de bajar del cuadro de honor del Colegio Militar los retratos de los dictadores Jorge Videla y Reynaldo Bignone; otra fue establecer que cada 24 de marzo fuera feriado en conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y la asignación del predio de la Escuela de Mecánica de la Armada (100que alojó uno de los más paradigmáticos centros clandestinos de detención) a la organización de un Espacio de Memoria y Derechos Humanos.
Cabe señalar también que toda esta iniciativa destinada a promover los derechos humanos y terminar con la impunidad de los golpistas y represores se ha logrado extender progresivamente a los civiles instigadores y beneficiarios políticos y económicos de la dictadura. De esta forma, han sido acusados por apropiación de empresas mediante el secuestro y la tortura José Martínez de Hoz y algunos de sus ministros y funcionarios; también los propietarios de los diarios La Nación y Clarín, por la transferencia ilegal de la empresa Papel Prensa. En ese mismo sentido, la Comisión Nacional de Valores ha terminado recientemente una investigación muy completa sobre los delitos cometidos por funcionarios civiles de la dictadura y ha efectuado una denuncia penal al respecto.
En definitiva, nuestra sociedad hoy es mucho más inclusiva e integrada: el Gobierno Nacional impulsó reformas a las que la sociedad adhirió e hizo suyas, y que nos convierten en un país de los más avanzados del mundo en términos del reconocimiento de los derechos individuales, sociales y comunitarios. La ampliación del derecho a voto (100inclusión de jóvenes desde los 16 años), la absoluta libertad de expresión (100con la eliminación del delito de calumnias e injurias referidas a funcionarios públicos), el reconocimiento del matrimonio igualitario y la identidad de género, la pluralidad de voces en los medios de comunicación, la memoria, verdad y justicia (100anulación de las leyes de la impunidad) como ejemplos de un Estado de derecho que actúa con máximo rigor ante delitos de lesa humanidad, son algunas de estas políticas que enorgullecen a todas y todos los argentinos. Éstos son cambios culturales y sociales plenamente incorporados por la sociedad argentina y por eso no hay retorno. Igualmente, hay que cuidar y profundizar estos avances.
Este proyecto se reafirma con claridad en la concepción y eficacia de la realización de una estrategia política y económica que ha mostrado sobradamente resultados positivos en estos diez años. Los eventos internacionales vinculados con la crisis financiera aún no resuelta, así como los desafíos que presenta el propio proceso de transformaciones profundas que vive nuestro país, implican que la estrategia política y económica de este período sea constantemente profundizada y reafirmada. La coherencia de Néstor Kirchner cuando, al asumir la presidencia en 2003, anunció su decisión de “no dejar las convicciones en las puertas de la Casa Rosada” se expresó a lo largo de estos diez años en hechos concretos; por eso, más allá de los números e indicadores que podamos mencionar, es más simple pensar cómo vivíamos hace diez años atrás y cómo vivimos hoy; cuántos
derechos hemos ganado y de cuántos hemos hecho efectivo su cumplimiento; con qué poderes concentrados nos hemos enfrentado y a quiénes hemos convencido. Cuántos privilegios se perdieron y cuántos derechos se ganaron. Un simple ejercicio que nos permite poner en perspectiva el camino transitado.
Esta década ganada nos deja un país con crecimiento, con inclusión y desarrollo. Una patria para todos y todas. Un pueblo con sueños y proyectos, y con posibilidades de que sean cumplidos. El desafío es no retroceder para que no nos digan desde afuera cómo y con qué herramientas gobernar. El desafío es consolidar el camino levantando en alto las banderas de Perón y Evita de una patria organizada que camina hacia la liberación definitiva en sus doscientos años de historia.

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