11 de abril de 2013
Instituto Gestar

“Por un Poder Judicial con jueces dispuestos a jugarse por una sociedad democrática”

Los proyectos se presentaron en un Museo del Bicentenario colmado de representantes de todos sectores populares y de organizaciones de abogados y magistrados, además de funcionarios de Estado, representantes del Congreso Nacional y el Presidente de la CSJN y fueron seis.

La propuesta forma parte del proyecto nacional y popular iniciado hace una década y tiene por objeto, la definitiva democratización de la Justicia al darle mayor legitimidad popular a uno de los poderes del Estado, tal vez el más importante, porque es el último lugar donde se revisan los actos de gobierno. En definitiva, es una apuesta a la modernización de una Argentina del Siglo XXI, una Argentina que exige participación y conocimiento de la ciudadanía.

Es que para vivir en una sociedad donde cada ciudadano tenga derecho a vivir en paz, es necesaria una Justicia legítima, ágil y democrática para todas y todos los argentinos y que aquellos ciudadanos investidos con el cargo de juez, estén dispuestos a jugarse por una sociedad democrática; de la misma manera que los ex Presidentes Juan Domingo Perón y Néstor Kirchner se jugaron para construir una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria y más participativa que garantizó derechos fundamentales que en el pasado fueron avasallados.

Claro resulta entonces que el motor de la reforma impulsada no es otro que el de reconciliar al Sistema de Administración de Justicia con la ciudadanía, en tanto fuente única de su legitimidad, en virtud del desprestigio al que lo han llevado años de aislamiento.

Este cambio, no sólo provocará un quiebre en los sistemas corporativos sino que posibilitará curar las visibles patologías de la agencia judicial y permitirá dar por concluida una etapa iniciada en los años 30’ -con la llamada Década infame- caracterizada por el oscurantismo de los pasillos tribunalicios y las redes de corrupción y servilismo que garantizaron la impunidad de los máximos responsables del Terrorismo de Estado y sus empresarios -y banqueros- cómplices.

No podemos olvidar que los jueces cumplen una función esencial en el sistema democrático y, por tanto, su conducta pública -como la del resto de los funcionarios públicos- debe estar sujeta al escrutinio estricto de la ciudadanía.

Es por ello, que el primero de los proyectos de ley apuesta a transformar el Consejo de la Magistratura proponiendo un evidente recorte de poder a las corporaciones de jueces y abogados, al elevar la composición del cuerpo de 13 a 19 miembros, de los cuales seis serán académicos y científicos de distintas disciplinas, o sea, no exclusivamente del ámbito del Derecho. Asimismo, dispone la elección popular de los jueces, abogados y académicos/científicos que integren dicho cuerpo y en lo que hace a la tarea de elección y acusación de los jueces, se establece que para elegirlos o destituirlos hará falta mayoría absoluta -la mitad más uno- del total de cuerpo.

Asimismo, se impulsa poner un freno a la más reciente de las ramas del derecho: el derecho cautelar. Este nuevo derecho no solo posibilitó el enriquecimiento, a costa del Estado, de algunos particulares y estudios jurídicos, sino que garantizó la impunidad de las grandes corporaciones. Consecuentemente, la modificación tiende a limitar la extensión de las medidas cautelares que tramitan contra el Estado y sus entes descentralizados. Se busca que sean medidas provisorias, con un máximo de vigencia de seis meses como plazo razonable e impone al Juez la obligatoriedad de dictar una sentencia de fondo fenecido dicho plazo. En definitiva, se trata de evitar que se sigan usando las medidas cautelares para impedir la aplicación de leyes y decretos y, al mismo tiempo, afectar el patrimonio del Estado.

En el mismo sentido y para evitar el problema de la paralización de los juzgados por la inacción de la Justicia ante la vacancia de los cargos de jueces, se propone también la realización de periódicos concursos previos, por fuero e instancias, de donde surgirá un orden de mérito de nombres disponibles del cual irán surgiendo ternas a medida que se produzcan vacantes. Porque, tal como lo sostuvo recientemente Francisco “…cuando la justicia llega tarde o no llega, se engendra mucho dolor y sufrimiento, la dignidad humana queda lastimada y el derecho postergado…” y porque una Justicia que llega tarde no es Justicia.

Por otra parte se propone al Parlamento la creación de nuevas Cámaras de Casación. Así, a la Cámara Federal de Casación Penal se sumarán: una en lo Contencioso Administrativo, otra en lo Civil y Comercial y otra del Trabajo y Seguridad Social; ello, con el objeto de descomprimir la tramitación de causas ante la CSJN.

Finalmente, los otros cambios que se avecinan apuntan: a la publicidad y acceso directo a las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios de los tres poderes, para que cualquier ciudadano pueda consultar vía internet la declaración patrimonial de jueces, fiscales, defensores, funcionarios del Ejecutivo y legisladores por igual, pero también, la de quienes se postulan como candidatos, aún antes de ocupar cargos electivos; el ingreso democrático -por concurso- del Poder Judicial, desde el escalafón más bajo y concursos para los cargos de Secretario y Prosecretario Letrado; y crear una base de datos de libre acceso que garantiza la transparencia del trámite de los expedientes judiciales al dar a publicidad su ingreso al Juzgado y estado procesal, incluyendo la comunicación de las resoluciones que se adopten en el marco de los mismos.

El debate parlamentario y democrático acerca de estas reformas profundas, sin dudas acercará al Pueblo Argentino al sistema de justicia y lo enriquecerá.

Instituto Gestar

 
 
© 2010 - 2022 Gestar. Todos los derechos reservados.