20 de marzo de 2013
Instituto Gestar

Por una justicia legítima

Ése «que se vayan todos» estaba dirigido hacia dos de los tres poderes del Estado debido al desgaste de la imagen de todo el arco político. Sin embargo, el Poder Judicial no fue alcanzado por la crisis. Como bien dijo la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1 de marzo en la apertura de sesiones parlamentarias, el Poder Judicial siempre se mantuvo al margen de todas las crisis, ya sean institucionales como la del 2001 como así también durante las diferentes dictaduras militares.

El Poder Judicial, es el único poder del Estado que no tiene representación popular, es decir, que sus miembros no son elegidos a través de elecciones.
Ya desde el año pasado, a raíz de las irregularidades que salieron a la luz, producto de la puja judicial respecto a la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, el rol desempeñado por los jueces y el Poder Judicial quedaron expuestos, abriendo así las puertas a un debate que nunca se había dado antes.
Desde un núcleo duro y conservador del Poder Judicial, se manifestó o «denunció» presiones por parte del Poder Ejecutivo, y por otro lado una considerable y cuantiosa parte de la justicia expresaron su preocupación y la necesidad de cambios fundamentales necesarios para los tiempos actuales.

El 28 de febrero de 2013 tuvo lugar el encuentro llamado «Justicia Legítima» en la Biblioteca Nacional. Allí, durante dos jornadas se dio el debate inédito en la sociedad argentina. Se debatieron muchos temas, de suma importancia, no sólo para el ámbito judicial sino para la sociedad en conjunto.

En la apertura de Sesiones Parlamentarias, la Presidenta expresó su visión acerca del tema, que sigue la misma línea que la visión plasmada en el encuentro de «Justicia Legítima». La Presidenta destacó el gran adelanto en materia de derechos humanos, las reformas que se están llevando a cabo como la unificación del Código Civil y Comercial y la comisión que trabaja en la reforma del Código Penal, y la necesidad de plantear también una reforma del Código Procesal.

La necesidad de una reforma judicial quedó perfectamente expresada en la frase, en referencia al festejo del bicentenario: «¿Se acuerdan de unas carretas que significaban el golpe de Estado; de que se incendiaba la Constitución y se quemaba la urna y el sillón presidencial también? Originalmente habían pensado que la balanza de la Justicia también se incendiaba; y yo dije «No», porque la Justicia nunca se modificó. Acá se echaron gobernadores, se encarcelaron gobernadores y presidentes y se cerró este Parlamento, pero la Justicia nunca fue tocada. Así que dije «La Justicia no la incendien; que incendien el Parlamento y que incendien el Poder Ejecutivo, que son los dos que siempre derribaron en todos los golpes militares».

Varios proyectos de ley se enviarán al Parlamento para lograr una democratización de la justicia. La modificación del Consejo de la Magistratura, para permitir que académicos y científicos de otras áreas puedan formar parte de él, y también que la elección de la totalidad de sus miembros sea a través del voto directo del pueblo. Esto va a dotar al Consejo de una mayor y legítima representatividad. El otro proyecto es la creación de la Cámara de Casación en lo Civil y Comercial, Cámara de Casación Previsional y Laboral, para lograr que las cuatro ramas del derecho dispongan de una tercera instancia lo que posibilitará mayor agilidad y transparencia.

Otro de los proyectos, es el acceso al sistema judicial, que se base fundamentalmente en las aptitudes de los ingresantes, en base a un sorteo público. El acceso a la información es fundamental para democratizar la justicia, es decir que éste proyecto plantea la implementación de un sistema a través del cual todos tengan acceso al estado de las causas, la instancia en la que se encuentran y el tiempo en que se resuelven, cantidad de ingresos de expedientes, lugar de ingreso.
Un proyecto referido a la aplicación de las medidas cautelares y otro referido a la publicación de las declaraciones juradas de todos los integrantes del poder público del Estado, es decir, de los tres poderes.

Muchas de las demandas, son medidas que deberán o deberían ser tomadas por el propio Poder Judicial, como lo es el tema del pago de ganancias, que a raíz de una acordada de la Corte Suprema, Ésa acordada puede ser modificada, anulada o reemplazada sólo por el Poder Judicial. No pueden ni deben intervenir los otros dos poderes del Estado.

Luego de las reformas políticas, sociales y económicas, ahora es tiempo de una democratización del Poder Judicial

La justicia debe ser accesible, rápida, con un alto grado de representatividad popular. Debe acercarse al pueblo, y el pueblo tiene el derecho y la obligación de acceder a toda la información judicial de manera clara y de fácil comprensión. No sólo para que todos y cada uno de los 40 millones de argentinos se sienta representado por esa justicia, sino también que todos los habitantes puedan ejercer a través de diferentes mecanismos proporcionados por el mismo Estado un control ciudadano que garantice el buen funcionamiento del Poder Judicial.

Éstos hechos que quizás para muchos a simple vista sean de poca relevancia, son en la vida democrática de nuestro país, un verdadero e importante avance; el cual no sólo obliga de alguna forma al Poder Judicial a una interacción permanente y directa con la sociedad, sino que también derriba brechas sociales gracias a un acceso a la justicia de forma equitativa e igualitaria. Para que todos y cada uno de nosotros tengamos los mismos derechos y obligaciones, las mismas posibilidades y las mismas responsabilidades.

Soledad Sganga, Licenciada en Ciencia Política, UBA.

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