2 de noviembre de 2011
Instituto Gestar

Repensando la inteligencia en democracia con un “sur” claro y estable

 

A solo dos días de iniciado su primer mandato, la presidenta Cristina Fernandez de Kirchner inauguraba su gestión con la primera gran victoria de la democracia sobre el gerenciamiento público de la información: el 12 de Diciembre de 2007, el Congreso de la Nación aprobaba la Ley Nacional de Protección de Datos Personales. Dos años más tarde, en una auténtica fiesta de la democracia el Congreso sancionó la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. A estas dos victorias, se sumó otra, silenciosa y discreta, pero no por ello menos importante: la democratización y total separación funcional de los sistemas de inteligencia criminal y militar, asegurando su plena conducción civil. Néstor y Cristina lo sabían, para consolidar la democracia hubo que asegurar un acceso no monopólico a la información, protección de datos personales y conducción civil de la inteligencia criminal y militar.

El proceso de consolidación democrática en la Argentina fue alcanzando las diferentes áreas de la administración pública desde 1983. Aun cuando las victorias conquistadas en estos 28 años de plena vigencia del Estado de Derecho han sido notables, recién fueron alcanzados en los últimos 8 años. Fue necesario desde entonces reconstruir, y cuando no refundar, aquellas instituciones que habían sido desnaturalizadas por la dictadura militar, en especial, las más íntimamente vinculadas al terrorismo de estado, Fuerzas Armadas y Fuerzas Seguridad e inseparables de ambas, los sistemas de inteligencia. Desde 2003 Defensa y Seguridad son ámbitos de la gestión pública claramente diferenciados, superando las indefiniciones generadas a causa de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

En este  contexto, la actividad de inteligencia tuvo que esperar casi 20 años para tener una Ley que la regule y defina sus límites, y algunos años más para que esta se reglamente y creen los organismos específicos de inteligencia criminal e inteligencia militar, que integran junto a la Secretaría de Inteligencia el Sistema de Inteligencia Nacional. De aquí en más las agencias de inteligencia de cada una de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, dejaron de trabajar autónomamente para estar bajo la conducción política de sus respectivas direcciones de inteligencia.

Con estos dos organismos impulsados durante el Gobierno del presidente Néstor Kirchner, se instauró una nueva lógica para la actividad de inteligencia en materia de seguridad y defensa, con un “sur” claro y estable: la defensa de los derechos humanos, la plena vigencia del estado de derecho y la preservación de la vida social, mandatos incuestionables del sistema democrático.

Repensar la inteligencia en democracia exigió iniciar un proceso de revisión total de los conceptos y las doctrinas que guían las misiones y funciones de la actividad. Muchos de los parámetros rectores entonces vigentes correspondían a viejas lógicas arraigadas en moldes funcionalmente pensados conforme a la lógica diseñada por los Estados Unidos durante la década de los ´70. La tarea fue ardua, puesto que fue necesario resignificar el “Qué”, el “Cómo” y el “Para Qué” de la Inteligencia en el marco del Estado de Derecho, como una herramienta de la política en post del bienestar general.

Reencumbrar la conducción civil de la inteligencia en las áreas de defensa y seguridad, fue tal vez uno de los aciertos más importantes de las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner en este campo.

En estos últimos 28 años, pero más aceleradamente aun, en los últimos 8 años el mundo ha cambiado de una manera sorprendente. Por ello el desafío fue doble, repensar sistemas de gestión de inteligencia que acompañen el proceso nacional de consolidación democrática, pero que al mismo tiempo entiendan y analicen asertivamente la complejidad de las transformaciones globales. La función éticamente responsable de la inteligencia es conocer en profundidad la naturaleza de dichos procesos, para evaluar los márgenes de acción, frente a las oportunidades y los desafíos a los que debe hacer frente nuestro país.

El delito tiene causas muy complejas, íntimamente vinculadas al deterioro del tejido social, por lo que su tratamiento requiere de políticas específicas. La trata de personas, el narcotráfico, el robo automotor, entre otros delitos complejos, requieren de herramientas teóricas y de análisis de investigación cada vez más sofisticadas. La actividad de inteligencia se trata entonces de la aplicación de estas herramientas con rigor analítico y profundo respeto por los derechos y libertades individuales para conocer y anticiparse a las redes de crimen organizado  y todas las acciones que atenten contra el orden constitucional y el resguardo de la seguridad de los ciudadanos en nuestro país.

Por estos motivos, fue preciso consolidar una conducción civil de la actividad de inteligencia comprometida con los valores e intereses permanentes del Estado pero, por sobre todo, históricamente comprometida con las vicisitudes de su tiempo, dispuesta a repensar los conceptos y prácticas que orientan la actividad para ponerlos al servicio de la democracia.

Ezequiel Vázquez Sarmiento

Ezequiel Vázquez Sarmiento, es el Director de Inteligencia Criminal Estratégica del Ministerio de Seguridad de la Nación, además de ser el nieto 102 recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo, hijo de María Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochistein, secuestrados en julio de 1977.

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