La problemática delictual representa uno de los desafíos más complejos de las democracias latinoamericanas. A partir de este reconocimiento se ha instalado un debate de modelos y doctrinas que lejos está de ser finalizado.
A lo largo de la historia, los gobiernos se han servido de las diversas posturas en materia de seguridad impulsando cambios institucionales y legales que oscilaron entre opciones de “derecha” o de “izquierda” (100con más intentos y fracasos del primer tipo), pero que aún no han podido reducir a valores mínimos los hechos delictivos graves y la sensación de temor con que viven la mayoría de estas sociedades.
El caso de la Provincia de Buenos Aires no es ajeno a esta categoría, sino que bien podría ser un claro exponente de ella. Es decir, es un territorio con 307.571 km2 de superficie total y más de 16 millones de habitantes, de los cuales más de 10 millones viven en el Conurbano Bonaerense, superficie que representa apenas el 1.02? aquella superficie total y en donde se producen, según la última estadística provincial publicada en 2012, más del 66% de los delitos denunciados.
Quizás el desafío más importante esté en elaborar propuestas de solución concretas a un problema tan complejo, que abre tantos frentes como focos de discusión, pero que en su esencia guarda principalmente dos dimensiones bien definidas. Por un lado, una dimensión urgente (100porque lo que está en riesgo muchas veces es la vida) y, por otro, una dimensión estructural, que exige cambios institucionales y culturales a lo largo del tiempo, es decir, políticas de mediano y largo plazo.
No obstante, en busca de una visión superadora de las ideas actuales es importante reconocer que abordar el debate de seguridad es justamente no reposar en aquel debate inconcluso y, por encima de los opuestos de “mano dura”y“garantismo”, y sobre todo siendo justos, generar políticas para proteger la vida y los bienes de las personas, los derechos y libertades de todos y todas y prevenir la violencia en todos los estratos.
Pensar el problema en esta dirección requiere de la pronunciación de un modelo de seguridad que sea originado en el peronismo: en primer lugar, porque se necesita lograr armonía entre el apego irrestricto a la ley y el pragmatismo que requieren algunas políticas de seguridad. Algo difícil, pero no imposible para el peronismo. Y, en segundo lugar, porque se necesita administrar la seguridad con justicia social porque, como dijo Néstor Kirchner en 2003 “el delito es delito, sea de guante blanco, sea de naturaleza común, sea de mafias organizadas”.
Leonardo Zara
Instituto Gestar
