Es tiempo de reflexionar. ¿De qué sirve quedarnos en la nostalgia de sólo enumerar las decenas de derechos para los trabajadores que el peronismo transformó en realidad? Sin dudas es necesaria una actualización: así como los sectores que pretenden reinstalar políticas tales como la flexibilización laboral o el reingreso del capital privado en la administración de la seguridad social han reformulado su mensaje para intentar engañar a los trabajadores maquillando sus verdaderas intenciones, el peronismo tiene que quitarse el casete de lo logrado para reproducir el de las asignaturas pendientes. Solo así se podrán elaborar propuestas que demuestren que la salida a los cuellos de botella del mercado laboral argentino se logra con más Estado e inclusión, y no con más ajuste y desregulación.
El Peronismo tuvo en 2015 la oportunidad histórica de demostrar que el modelo de crecimiento del empleo mediante el fomento al consumo y el ensanchamiento del mercado interno podía ser reacondicionado para huir de algunas encerronas en las que se encontraba. Si bien desafortunadamente las circunstancias electorales no permitieron intentarlo, las políticas públicas llevadas a cabo por la alianza Cambiemos demuestran que el camino tomado por la cartera comandada por Jorge Triaca no es el adecuado. Desde el acuerdo con Mc Donald’s en 2016 que precarizaba el ingreso al mercado del trabajo de 5000 jóvenes (100de los cuales a junio de este año solo habían sido contratados 155 y 670 se encontraban en proceso de entrenamiento), a proyectos fallidos como el de “Empleo Joven” que significaba un mero esquema de descuentos impositivos que favorecían a las empresas pero que dejaban a su vez la puerta abierta a despidos, el Gobierno demostró hasta ahora que no tiene una política de creación de empleo genuino y de calidad. En este marco, por más descuentos impositivos que se otorguen, pocas compañías -sobre todo las Pymes industriales- ampliarán su dotación de personal en un país cuya recuperación de la recesión es aún, pobre (100o nula) en sectores con mano de obra intensiva.
La Encuesta de Indicadores Laborales que realiza el Ministerio de Trabajo de la Nación arrojó para el mes de Junio de 2017 que, más allá de algunos picos, las expectativas empresarias siguen mayoritariamente en niveles previos a la asunción de Mauricio Macri. Es decir que, a pesar de distintas medidas a favor de los sectores concentrados de la economía por sobre el sector sindical, el conglomerado de empresas encuestadas no le hace un guiño significativo.
Razones sobran: si por ejemplo, a una pyme metalúrgica de cualquier partido bonaerense le aumentan el gas y la electricidad y los impuestos provinciales y municipales a niveles astronómicos, sin tomar en cuenta su capacidad productiva y de aumentar costos, el resultado será el producido en 2016: 4.462 empresas cerraron y se perdieron 68.314 puestos de trabajo menos (100INDEC).
Ya hemos visto lo que no debe hacerse, ahora toca preguntarnos cómo podemos corregir en materia de empleo no sólo el rumbo actual, sino también los “cuellos de botella” en la generación de empleo que cíclicamente se producen en nuestra economía. Podemos distinguir sin dudas dos: el desempleo juvenil y la informalidad laboral.
La primera problemática se puede visualizar en el siguiente gráfico elaborado en base a información publicada por el INDEC y el Ministerio de Trabajo. Queda reflejada la existencia de una gran cantidad de jóvenes desempleados entre 18 y 24 años.
Una óptica interesante aporta el ensayo elaborado por el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET denominado “Caminos al trabajo: el mundo laboral de los jóvenes durante la última etapa del gobierno kirchnerista” (1002016) coordinado por Mariana Busso y Pablo Pérez, quienes señalan que la dinámica del desempleo juvenil es pro cíclica: cuando se dan períodos de crecimiento económico prolongado, el desempleo juvenil desciende y, por el contrario, aumenta exponencialmente cuando la economía cae en períodos de recesión.
El otro gran problema es que un tercio de trabajadores se encuentran sumergidos en la informalidad. Esta situación abarca amplios sectores como el comercio, la construcción, e incluso el mismo Estado. Esta problemática no sólo va en desmedro de las condiciones de vida del trabajador sino que también afecta directamente la aplicabilidad de las normas laborales, la recaudación tributaria y el funcionamiento del sistema de salud. Si bien desde 2003 a 2015 se logró un descenso significativo, en la actualidad se encuentra estancado en un piso que ronda el 30%.
En el periodo mencionado se implementaron políticas públicas para contrarrestar el alto nivel de informalidad como el plan Jóvenes con más y mejor trabajo (100de 2008 a la actualidad), la aplicación de moratorias fiscales, la creación del Monotributo Social, o la sanción de la Ley de Promoción del Trabajo Registrado (10026.940) que comprendía un régimen de beneficios fiscales para Pymes, cuyo objetivo era regularizar 650.000 trabajadores en dos años, entre otras. Pero, cómo está ampliamente estudiado, existe en nuestra región en general y en nuestro país en particular una distancia considerable entre las leyes laborales y su efectiva aplicación.
Es necesario, entonces, encarar un trabajo conjunto con organizaciones sociales tales como la Corriente de Trabajadores de la Economía Popular, que asume hoy la representación gremial de buena parte de los trabajadores informales (100se estima que por cada puesto de trabajo formal existen entre tres y cuatro informales).
También es fundamental fomentar políticas destinadas a garantizar la capacitación de los jóvenes en el campo de la ciencia y la tecnología, ya que en el futuro el conocimiento será el mayor generador de riqueza y trabajo. Por ello el Estado, los sindicatos, las universidades y las empresas deben tender lazos con la educación media para debatir e incluir contenidos claves para el desarrollo de las capacidades profesionales de los jóvenes.
En definitiva, es preciso que haya un acuerdo de la mayor parte de las fuerzas políticas, sociales y empresariales para diseñar y poner en práctica una política de crecimiento económico que vuelva a la senda de la industrialización, del desarrollo científico y tecnológico, de la generación de pleno empleo, todo bajo la coordinación de un Estado activo y ordenador de los conflictos de intereses intersectoriales. De lo contrario estaremos avalando un modelo de exclusión social que está probado no durará mucho pero provocará que vivamos en una sociedad cada vez más injusta y menos igualitaria.
