Si no fuese por el extraño tratamiento que este tema tiene en los medios hegemónicos (100particularmente el Grupo Clarín quien es un “perjudicado” directo de esta medida) a nadie podría extrañarle que un inversor económico quiera ejercer sus derechos políticos sobre la empresa. Aquí y en todas partes del mundo, de acuerdo a los estatutos y leyes societarias vigentes, determinado nivel de posesión del capital accionario habilita a la participación en la toma de decisiones de la organización.
Si bien se puede hacer este sencillo y fácil análisis, eliminando toda otra lectura que no sea la meramente racional, dejando casi en el absurdo el fantasioso tratamiento que se hace en algunos medios (100llegando incluso al extremo de comparar esta medida con una estatización, alto intervencionismo en la actividad privada o ataque a la propiedad privada), este acontecimiento nos abre la puerta al planteo de algunas hipótesis más profundas que atienden a un modelo y accionar específico de intervención en el desarrollo socioeconómico.
Peter Evans[2] y Maxfield y Schneider[3] son algunos de los muchos autores que han estudiado la vinculación entre el Estado y los privados como fuente del desarrollo económico. El primero, con su concepto de “Autonomía enraizada” hace referencia a que la capacidad de un Estado depende de la correcta mezcla de coherencia interna y de conexiones externas. Estas dos dimensiones refieren a la calidad de la administración y de los vínculos existentes entre políticos y funcionarios estatales con los grupos sociales y económicos. Administraciones públicas altamente capacitadas y comprometidas con el cumplimiento de sus misiones permiten evitar que los actores públicos y privados irrumpan en prácticas clientelares y patrimonialistas repercutiendo negativamente en el modo de “hacer negocios”, desincentivando la toma de riesgos y proliferando, en su lugar, la búsqueda de apropiación de las rentas públicas. Por su parte, una red concreta de lazos externos permite al Estado evaluar, controlar y moldear las reacciones privadas ante las iniciativas públicas. Amplía la inteligencia del Estado y vuelve más probable la concreción de sus medidas.
En esta misma línea de análisis, Maxfield y Schneider rechazan la suspicacia respecto a que la vinculación entre Estado y empresarios deviene en corrupción y, en cambio, resaltan que la misma puede contribuir al bienestar. Para ello, es necesario, por un lado, que se comparta e intercambie información. Sin información, el conocimiento sobre una problemática será limitado al igual que las respuestas que puedan ofrecerse. En segundo lugar, los autores identifican la reciprocidad, de modo tal que el Estado pueda exigir ciertos estándares como contrapartida a ciertas regulaciones o subsidios. El enraizamiento es bidireccional, por lo cual, ambas partes deben recibir algo a cambio de los bienes y recursos que aportan. Tercero, que los funcionarios y hacedores de política vean limitada su flexibilidad para modificar los acuerdos. Los empresarios deben tener ciertas garantías sobre el cumplimiento de los términos de los acuerdos y que los mismos no están sujetos a modificaciones arbitrarias por parte de los funcionarios. Cuarto, debe haber credibilidad, la cual reduce los costos políticos de la incertidumbre. El intercambio no será fructífero si en cada oportunidad que el mismo se desarrolla deben desviarse esfuerzos para asegurarse que la contraparte vaya a cumplir con lo prometido. Quinto y relacionada con la anterior, tenemos a la confianza, que implica una mutua dependencia y vulnerabilidad.
De este modo, a partir de estos requisitos básicos que debe tener la articulación público privada, se alcanzan efectos positivos en la performance económica al mejorar la eficiencia y reducir los costos de transacción y monitoreo de la acción colectiva que cualquier política implica. ¿No es sencillamente esto lo que el Decreto 441/11 persigue? ¿No se trata simplemente de profundizar los vínculos existentes (100el Estado ya es accionario) para elevar conjuntamente la inteligencia social y con ello la utilidad del todo y no simplemente de una parte?
En 1949, Juan Domingo Perón presentaba en el Congreso Nacional e Internacional de Filosofía en Mendoza su visión de la Comunidad Organizada que “en lo político realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad; en lo económico realiza la economía social, poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social; y en lo social realiza la justicia social, que da a cada persona su derecho en función social”. Se trata de una concepción nacida del ejercicio del gobierno que le exigió a Perón dar respuestas integradoras, equilibradas y permanentes de los intereses contrapuestos y complementarios del capital, del trabajo y del Estado.
Es decir que ya hace más de 60 años y décadas antes que los “milagros asiáticos” inspiraran los enfoques anteriormente introducidos, la doctrina justicialista identificaba la cooperación entre el capital, el trabajo y el Estado como fuente del bienestar social. Desde los orígenes del peronismo, la articulación con el capital, basada en el intercambio de información, reciprocidad, compromiso, credibilidad y confianza, fue una característica básica del modelo socioeconómico que transformó definitivamente a la Argentina. Ese mismo espíritu es el que nuevamente, desde el 2003 recoge este modelo de desarrollo con inclusión social que pone al gobierno y al Estado al servicio del Pueblo, cumpliendo en cada una de sus políticas el mandato que emana del sentir popular.
Al igual que muchas otras medidas implementadas, la participación de directores nombrados por el Estado en ejercicio de los derechos políticos originarios de la tenencia accionaria, no tiene más fin que el hacer efectiva una estrategia de desarrollo basada en la cooperación y articulación entre el Estado y el capital. Misma estrategia perseguida a través de las licencias no automáticas, la administración del valor del dólar, los subsidios a la energía y a las tasas de interés, los préstamos directos como el efectuado a la GMC y tantas otras acciones que convierten al Estado en socio del crecimiento empresarial y no en un mero gendarme de la acumulación privada.
Parafraseando la célebre proposición del ex presidente norteamericano Bill Clinton “It´s the economy, stupid”, estamos seguros que la construcción de un país más justo está decididamente vinculado a la inteligencia con la que tratemos la vinculación entre el Estado y las empresas, de modo tal de entender que “son la economía y la política, estúpido”, las que construyen la grandeza nacional.
