22 de diciembre de 2011
Instituto Gestar

Un límite a la usura

 

Hace ya tiempo la ANSES intenta regular el mercado de créditos a través de la modalidad del “código de descuento de haberes” en manos principalmente de mutuales de nuestro país.  Hay dos resoluciones del organismo (100905/2008 y 336/2009), que básicamente apuntan a limitar los topes del costo financiero total (100CFT) y el porcentaje que puede descontarse de las jubilaciones y pensiones del sistema previsional. Ambas normas (100complementarias entre sí) se encuentran sin aplicación no por falta de voluntad, sino por la utilización de los mecanismos judiciales por parte de quienes ejercen esta modalidad de manera, al menos, abusiva.

Ante esta situación de traba judicial a la aplicación de las normas, que tienen como engañoso argumento  que la ANSES no podría establecer topes a las tasas de interés, la decisión de la presidenta fue firmar un decreto de regulación con tres componentes principales: que la tasa de interés a través del código de descuento sólo pueda ser superior al 5% de las que cobra el Banco Nación para las mismas líneas de crédito (100consumo), que el tope máximo que pueda afectarse de los haberes jubilatorios no supere el 30% y que la cuota social de las mutuales se incluya dentro del CFT de los préstamos.

Más allá de que la publicación de la norma terminará de ilustrarnos acerca de los aspectos técnicos de la medida (100plazos para su puesta en marcha, etc.), es claro que se está estableciendo un límite concreto a la usura. Porque una cosa es otorgar un crédito con cierto interés de acuerdo a las variaciones del mercado y otra muy distinta es navegar por las márgenes normativas para que los sujetos de crédito paguen a precio vil la oportunidad de financiar su economía.

Esta medida se suma a otras que se han tomado desde hace ya años con las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Por hacer una mención que no es taxativa, se estableció una moratoria previsional que permitió la inclusión de más de 2,5 millones de nuevos jubilados al sistema previsional; se eliminó el sistema de AFJP y se retornó al sistema solidario de jubilaciones y pensiones; se sancionó la Ley de Movilidad Jubilatoria que permite que los jubilados y pensionados tengan dos incrementos anuales en sus haberes (100previo a ello hubo más de 15 aumentos); se mejoraron las prestaciones del PAMI; se amplió la base de cobertura de medicamentos; entre otras medidas.

Es por ello que este decreto se suma a un cuerpo de políticas públicas que tienen como marco un gobierno fuerte, que avanza sobre situaciones absolutamente injustas, que reconoce derechos y brega por su cumplimiento. Gracias a las medidas adoptadas desde 2003, la Argentina tiene la mayor tasa de cobertura social de América Latina. Con este anuncio, la justicia social desde ayer se ha hecho presente una vez más en nuestro país.

Pablo Salinas

@SalinasPabloJ

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